Somos Télam
La Cámara Baja realizó una reunión informativa sobre el DNU 70/2023 de cara a su futuro tratamiento en el recinto. El decreto presidencial fue discutido y rechazado por los senadores, pero aún no tiene fecha de discusión en Diputados.
Bajo la presidencia de la diputada de Unión por la Patria, Mónica Macha, la comisión se centró en analizar los cambios significativos y las preocupaciones sociales derivadas de esta medida gubernamental. Contó con la participación de integrantes de diferentes organizaciones y se abordaron cuatro ejes: los impactos en el Plan ENIA, la situación de las jubiladas, el impacto en las cocineras de comedores comunitarios y los actos de discriminación y odio hacia las diversidades.
Plan ENIA
La médica pediatra Gabriela Bauer, del Hospital Garrahan, destacó la importancia del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA): “El Plan ENIA es una política pública considerada ejemplar por organismos internacionales. Permitió trabajar las desigualdades en todo el país y logró reducir, en solo 3 años, la tasa de fecundidad en la adolescencia en un 50%”.
Como puntos preocupantes, la profesional de la salud destacó que el Ministerio de Salud sufrió un recorte del 7% en su presupuesto global, sin embargo, en cuanto al dinero destinado a políticas de salud sexual y reproductiva el recorte asciende al 38%. Además, 619 trabajadores que se desempeñaban en diferentes provincias fueron despedidos. Otro punto destacado fue la creciente dificultad que se detecta en la distribución de métodos anticonceptivos.
Bauer expresó que se está trabajando en un proyecto de ley que refuerce la importancia de este programa que comenzó su aplicación en 2017 y mostró sus importantes efectos positivos en poco tiempo.
Situación de Jubiladas y Pensionadas
Representantes de organizaciones de adultos mayores expresaron su preocupación por la situación precaria que enfrentan las jubiladas y pensionadas, especialmente con la posible aprobación de la Ley Bases, que podría eliminar la moratoria previsional.
Mónica Revelli, representante de la organización de adultos mayores, expresó que “si la Ley Bases se aprueba y se quita la moratoria, 9 de cada 10 mujeres no podrán jubilarse”.
La referente fue contundente al señalar que “el Gobierno quiere instalar la idea de que ya no somos sujetos de derecho, sino que somos prescindibles”.
En la reunión se destacó la importante de la media sanción aprobada en Diputados para el proyecto que busca elevar los haberes de la clase pasiva.
También sumó su parecer Nora Biaggio, dirigente del Plenario de Trabajores Jubilades, quien reforzó que es necesario llamar a una medida de fuerza como un paro general para enfrentar las graves consecuencias que traen tanto el DNU como la Ley Bases.
Renee Girardi, representante del Frente de Personas Mayores Unidos y Organizados, puntualizó que las mujeres más perjudicadas serán las de clase media y baja, quienes se desempeñan como amas de casa o trabajadores de casas domésticas y no suelen tener aportes suficientes para acceder a la jubilación.
Comedores comunitarios como redes de cuidados
Natalia Zarza, del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), resaltó la crítica situación que atraviesan los comedores comunitarios: “Nosotras construimos una red de cuidado en nuestros barrios, no es solo una olla de alimento, nosotras trabajamos y generamos una estrategia de contención”.
Organizaciones sociales reclaman al Gobierno que haga efectiva la entrega de alimentos a los comedores que no reciben mercadería desde diciembre del año pasado, a pesar de que tienen mayor demanda de asistentes. Pedido al que se ha sumado la Iglesia Católica.
En su exposición, Zarza expresó que la posible eliminación del monotributo social, medida incluida en el paquete fiscal que actualmente discute la Cámara Alta, es muy perjudicial para su sector. “Si se elimina el monotributo social directamente nos caemos del mapa, nos discriminan por mujeres y por pobres”, sentenció la trabajadora de la economía popular.
Comunidad LGTBI y la Masacre de Barracas
María Rachid, referente de la Federación Argentina LGBT, expresó su preocupación por la situación de la comunidad LGBTI bajo el DNU 70 y puntualizó en torno a la reforma laboral: “El DNU permite despedir por discriminación en Argentina. Elimina el derecho a pedir la reincorporación si te despiden por ser lesbiana, trans, judía o afrodescendiente”.
Este eje fue complementado por Benjamín Castro de la Agrupación 1969, quien se preguntó “dónde queda el cupo laboral trans con esta reforma”.
La disolución del INADI anunciada por el Gobierno en febrero de este año, y que se enmarca en la política de reducción del Estado, también fue un fuerte eje de críticas.
En un sentido discurso, Rachid sintetizó que “la ausencia del Estado para la población LGBTI significa no acceder a nuestros derechos, significar dolor y significa muerte, esto representa el DNU 70/2023”.
La llamada “masacre de Barracas”, el atentado que le costó la vida a Pamela Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante en el hotel donde vivían, fue retomado como un ejemplo del aumento de las situaciones de violencia y discursos de odio.
Jesica Hernández, integrante de la Asamblea de Lesbianas Autoconvocadas por el crimen de Barracas, leyó un comunicado en el que puntualizó el impacto que tuvo el DNU en derogar la Ley de Alquileres. “Cada vez hay más personas en situación de calle, más aún las lesbianas y LGBT”, expresó y lo vinculó a la situación que vivían Pamela, Roxana y Andrea, quienes alquilaban en situación de hacinamiento una habitación en un hotel.
Al cierre de la reunión el diputado por Santa Fe, Esteban Paulón, integrante del bloque Hacemos Coalición Federal, se expresó en contra de la Ley Bases y del DNU y llamó a “defender los derechos conquistados”.
Algunos legisladores de La Libertad Avanza estuvieron presentes en la reunión, pero decidieron retirarse durante los testimonios de los invitados.
Mónica Macha puntualizó que prontamente se realizará un nuevo encuentro para recibir a los trabajadores del exMinisterio de Mujeres, Géneros y Diversidad, quienes denuncian masivos despidos a partir del 30 de junio. Se estima que 500 personas perderán su puesto de trabajo, lo que representa más de un 80% de la planta total del área.
