El interbloque opositor Neuquén República logró acelerar el debate de la iniciativa que busca derogar el secreto patrimonial vigente y obligar a la publicación de las declaraciones juradas. El oficialismo no acompañó la moción, por lo que el texto comenzará a ser tratado el próximo martes en la Comisión de Asuntos Constitucionales.
La agenda parlamentaria de la provincia de Neuquén incorporó un eje central en materia de control ético y acceso a la información. La Legislatura provincial aprobó una moción de preferencia para tratar el proyecto de ley que propone establecer el carácter público y obligatorio de las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios de los tres poderes del Estado, una propuesta impulsada de manera conjunta por el interbloque Neuquén República.
La obtención de la preferencia reglamentaria modifica la hoja de ruta de la actividad legislativa, forzando de manera directa al presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (Comisión A), Ernesto Novoa, a incorporar formalmente el texto en el orden del día de la próxima sesión de trabajo, pautada para los días martes a las 09:00 horas. La iniciativa busca desmantelar los alcances de la histórica Ley 5, una normativa que la oposición cataloga como un resabio opaco al resguardar bajo estricto secreto la evolución de los bienes de quienes ejercen cargos públicos.
Argumentos de la oposición y el debate sobre el secreto patrimonial
La discusión en el recinto expuso las marcadas diferencias de criterio entre los bloques respecto al alcance de la publicidad de los actos de gobierno. Desde el interbloque impulsor de la medida, los legisladores fundamentaron que la transparencia es una condición indispensable para reconstruir el vínculo de confianza entre la ciudadanía y las instituciones del Estado.
·Rendición de cuentas: El diputado César Gass enfatizó la urgencia de estructurar herramientas que permitan constatar de forma pública el patrimonio con el que los agentes ingresan y egresan de las estructuras de la función pública, aclarando que la normativa contemplará los resguardos necesarios para proteger aquellos datos de seguridad sensibles que pongan en riesgo la integridad personal de los funcionarios.
·Anacronismo legal: Por su parte, la legisladora Brenda Buchiniz calificó como obsoletos los esquemas vigentes de control. La diputada expuso como antecedente haber presentado de manera voluntaria su propio balance de activos ante la Oficina Anticorrupción de la Nación e instó a sus pares a replicar la conducta para demostrar que la actividad política debe concebirse como un servicio comunitario y no como una plataforma de beneficio personal.
Alineamientos políticos en la votación
La votación para conceder el tratamiento preferencial reflejó un quiebre en las posiciones del arco político neuquino. El núcleo del proyecto, diseñado y defendido por los diputados Brenda Buchiniz, Cecilia Papa, Mónica Quanque, César Gass y Federico Méndez, logró consolidar una mayoría transversal al cosechar los votos de diversas bancadas de la oposición tradicional y el peronismo. Entre los legisladores que aportaron su acompañamiento se encontraron Andrés Blanco, Julieta Ocampo, Lorena Parrilli, Darío Peralta, Darío Martínez, Claudio Domínguez, Gabriel Álamo, Juan Sepúlveda y Ramón Fernández.
En contraposición, el bloque oficialista resolvió de forma orgánica no acompañar la moción de preferencia, evidenciando las resistencias que genera la reforma de los protocolos de fiscalización patrimonial en los sectores de la administración activa. Con el escenario de comisiones habilitado, las próximas semanas serán determinantes para evaluar si la oposición logra sostener la cohesión numérica para emitir un dictamen de mayoría y llevar la reforma definitiva al recinto de sesiones.
