La provincia de Misiones sumó un nuevo eje de conflicto a la ya tensa agenda de negociación fiscal con la administración central. A través de una presentación formal, la provincia reclamó la quita total o una rebaja sustancial del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que pesa sobre el suministro de agua potable, el cual hoy en día tributa con la alícuota general del 21%.

El requerimiento fue articulado a través del Ente Provincial de Regulación de Agua y Cloacas (EPRAC). Desde la conducción del organismo destacaron que se trata de una acción inédita a nivel país, siendo la primera vez que un órgano de control de carácter provincial eleva una demanda institucional de estas características ante las autoridades nacionales.

El planteo: Coherencia fiscal y servicios esenciales

Soledad Balán, titular del EPRAC, cuestionó la actual matriz impositiva nacional, señalando la contradicción de mantener una presión fiscal elevada sobre una prestación de primera necesidad. Desde su perspectiva, el agua apta para el consumo humano no puede asimilarse bajo los mismos parámetros tributarios que un artículo prescindible o suntuario.

La funcionaria interpeló directamente la línea discursiva de la Casa Rosada, argumentando que una verdadera política de desregulación y descompresión impositiva debería priorizar a los componentes esenciales de la canasta de servicios públicos.

Un impacto directo en los bolsillos familiares

La argumentación técnica de la propuesta subraya la necesidad de abrir una discusión de fondo sobre los gravámenes aplicados a los consumos básicos. En un escenario económico marcado por la pérdida de la capacidad de compra de los salarios, una modificación a la baja de esta alícuota impositiva se traduciría en una reducción inmediata en los montos de las boletas residenciales.

Si bien la iniciativa surge desde el NEA, las autoridades del ente misionero aclararon que el beneficio de una eventual reforma tributaria de este tipo se extendería de forma automática a los usuarios de todas las provincias del país, transformando el reclamo local en una bandera de alcance nacional.

Las provincias frente al esquema de recursos

Este pedido de alivio fiscal para los usuarios residenciales se inserta en un tablero político complejo, caracterizado por los constantes tironeos entre los gobernadores de las provincias y el Poder Ejecutivo Nacional en torno al reparto de fondos y el sostenimiento de las economías del interior.

Para las autoridades reguladoras de Misiones, sostener una carga del 21% sobre un elemento indispensable para la salud pública resulta incompatible con las plataformas de desarrollo social vigentes, por lo que buscarán sumar adhesiones de otras jurisdicciones para instalar firmemente el debate en el Congreso y las carteras nacionales.