La Casa Rosada puso en marcha una estrategia legislativa a contrarreloj con el objetivo de obtener el visto bueno del Congreso para cuatro iniciativas clave antes de que la atención pública se concentre en el próximo torneo mundialista de fútbol.

El cronograma de prioridades fue coordinado por la jefatura de ministros, que en paralelo delinea un segundo conjunto de propuestas regulatorias orientadas a la captación de grandes capitales.

El bloque oficialista, junto a sus principales aliados políticos, solicitó formalmente una convocatoria a sesión especial en la Cámara de Diputados para el miércoles 20 de mayo.

El temario prioritario acordado para el debate en el recinto contempla la reforma integral al esquema de subsidios de gas natural conocido como "Zona Fría", la denominada "Ley Hojarasca" para la derogación de normativas obsoletas, y la convalidación de convenios internacionales de patentes comerciales y resguardo de la propiedad privada.

De acuerdo con las proyecciones que manejan los articuladores políticos del Poder Ejecutivo, los consensos alcanzados con bancadas afines como el PRO, facciones del radicalismo y legisladores de partidos provinciales garantizan los sufragios necesarios para convalidar las modificaciones tarifarias y la reestructuración administrativa en las próximas jornadas.

En contraste con este apuro, las autoridades nacionales decidieron postergar el debate sobre la reconfiguración del sistema electoral y la posible supresión o modificación de las elecciones primarias (PASO).

Desde los despachos de Balcarce 50 admitieron que las divergencias con la oposición dialoguista impiden alcanzar el piso de votos requerido en lo inmediato, por lo que las negociaciones con los gobernadores territoriales continuarán durante el segundo semestre.

Finalmente, los equipos técnicos del gobierno ultiman los detalles de una decena de proyectos adicionales que ingresarán próximamente a las comisiones.

Entre estos pliegos sobresale una ampliación de los incentivos aduaneros, fiscales y financieros para inversiones productivas a gran escala, un andamiaje legal concebido para profundizar el ingreso de divisas y acelerar las reformas de desregulación económica en curso.