Tras la reciente victoria judicial de la Argentina, el fondo de inversión Burford Capital lanzó una última carta en los tribunales estadounidenses. La firma solicitó formalmente una revisión bajo la modalidad en banc, una instancia excepcional que busca que la totalidad de los jueces de la Cámara de Apelaciones de Nueva York reevalúe el fallo emitido previamente por un tribunal reducido de tres magistrados.
El desafío de la excepcionalidad
Este recurso, conocido técnicamente como en banc rehearing, se reserva únicamente para expedientes de relevancia institucional extrema o cuando se presume que la sentencia contradice la jurisprudencia previa de la propia Cámara. Expertos en litigios internacionales, como el exsubprocurador Sebastián Soler, coinciden en que las probabilidades de éxito son marginales:
·Admisión restringida: El pedido solo prospera si se demuestra una "cuestión de importancia excepcional".
·Posición de la defensa: El Estado argentino no tiene obligación de responder a menos que el tribunal lo requiera, lo que refleja la naturaleza unilateral de esta etapa inicial.
·Próximo paso: De ser rechazado, a Burford solo le restaría la opción de elevar el caso a la Corte Suprema de los Estados Unidos en un margen de 90 días.
Impacto en el balance y cambio de jurisdicción
La urgencia del fondo no es solo jurídica, sino contable. En su último reporte de resultados, Burford admitió que el fallo a favor de Argentina le generó un rojo de 2.400 millones de dólares, con un impacto neto superior a los 1.470 millones antes de impuestos.
Ante este panorama adverso en la justicia ordinaria de EE. UU., la estrategia de la compañía ha comenzado a pivotar hacia el arbitraje internacional. Burford planea reactivar sus reclamos ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), apoyándose en dos pilares:
Antecedentes estadísticos: El fondo resalta que Argentina posee una tasa de derrota del 86% en demandas presentadas por inversores extranjeros ante tribunales arbitrales.
Tratados Bilaterales: La ofensiva se centrará en los convenios de protección de inversiones firmados por Argentina con España (por el caso Petersen) y con Estados Unidos (por Eton Park).
