El Poder Ejecutivo Nacional, bajo la gestión del presidente Javier Milei, ratificó el envío al Congreso de un paquete de reformas legales diseñadas para eliminar las trabas vigentes a la inversión extranjera y modificar el uso de suelos protegidos. Según el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el objetivo central de estas medidas es fortalecer el derecho a la propiedad privada y atraer capitales internacionales en sectores estratégicos como el petróleo, la minería y el agro, dejando atrás lo que calificó como "trabas ideológicas".
Apertura al capital extranjero y cambios en la Ley de Tierras
Uno de los pilares de la reforma es la modificación de la Ley de Tierras Rurales. Actualmente, esta normativa impone un tope del 15% a la titularidad extranjera sobre el territorio nacional y prohíbe explícitamente la venta de zonas que contengan recursos hídricos o se encuentren en áreas de seguridad fronteriza. El Gobierno busca dar de baja estas limitaciones para permitir que grandes inversores globales adquieran extensiones de tierra necesarias para proyectos de envergadura.
Bajo el esquema actual, ninguna nacionalidad puede superar el 30% del territorio permitido para extranjeros, y un solo titular no puede poseer más de 1.000 hectáreas en las zonas agropecuarias más productivas. El Ejecutivo considera que estas restricciones son obstáculos históricos que impiden que Argentina sea vista como una oportunidad de inversión competitiva a nivel mundial.
Fuego, glaciares y expropiaciones
La iniciativa oficial también apunta a la Ley de Manejo del Fuego. Desde 2020, esta ley prohíbe realizar desarrollos inmobiliarios o cambios en la actividad agropecuaria sobre tierras incendiadas por plazos de hasta 60 años, con el fin de desalentar la quema intencional para especulación. La reforma propuesta eliminaría estas prohibiciones, permitiendo el uso inmediato del suelo tras un siniestro, en un contexto donde los incendios han afectado más de 64.000 hectáreas en el último verano.
En sintonía con la expansión minera, el Gobierno reafirmó su intención de avanzar con cambios en la Ley de Glaciares, otorgando a las provincias la facultad de autorizar actividades extractivas en zonas periglaciales. Además, se prevé una reforma al régimen de expropiaciones para limitar el concepto de "utilidad pública" a casos extremos y garantizar indemnizaciones más elevadas para los propietarios, buscando evitar lo que el Gobierno define como "decisiones arbitrarias del Estado".
Controversia y debate social
El anuncio no ha pasado inadvertido para las organizaciones ambientalistas y la oposición, quienes advierten sobre los riesgos de la extranjerización de recursos críticos y la degradación de ecosistemas sensibles. En respuesta a este malestar, este miércoles comenzó una audiencia pública con la participación de 400 expositores, entre científicos, expertos y ciudadanos, quienes presentarán sus objeciones antes de que el debate se traslade formalmente al recinto de la Cámara de Diputados.
