La intervención del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) sumó un nuevo capítulo de tensión. Mientras el organismo transita un proceso de disolución ordenado por decreto y arrastra una crisis financiera sin precedentes, se confirmó la autorización de un gasto de $108 millones destinado al mantenimiento de sistemas informáticos mediante una adjudicación directa.
Una contratación directa bajo la lupa
La resolución, formalizada este 18 de marzo por el administrador Ariel Guzmán, beneficia a la firma Tekhne SA. El contrato, que no pasó por una licitación pública bajo el argumento de la "especialidad" de la empresa proveedora, contempla el soporte del sistema de gestión asistencial por un periodo de seis meses, con posibilidad de extensión.
Lo que despierta suspicacias en los sectores gremiales y legislativos es la oportunidad del gasto. El IOSFA se encuentra actualmente en una etapa de liquidación definitiva —tras el DNU de febrero de 2026— para ser transferido a nuevas estructuras (OSFA y OSFFESEG). Críticos de la gestión señalan que priorizar desembolsos en consultoría o soporte técnico resulta "provocador" frente a una deuda consolidada que oscila entre los $200.000 y $300.000 millones.
De la solvencia al quebranto: la herencia de Petri
La situación actual del instituto representa un giro de 180 grados respecto a su balance de 2023. Al inicio de la gestión de Luis Petri en el Ministerio de Defensa, la obra social exhibía un superávit cercano a los $25.000 millones. Sin embargo, tras dos años marcados por denuncias de administración fraudulenta y malversación, el organismo quedó al borde de la quiebra.
Entre los puntos más oscuros de la transición se destacan:
·Desvío de fondos: El uso de préstamos por más de $40.000 millones (provenientes del IAF) que debían destinarse a infraestructura y terminaron cubriendo deudas corrientes.
·Corte de servicios: La suspensión sistemática de cirugías, falta de insumos básicos y el retiro de prestadores en todo el país por falta de pago.
·Contratos millonarios: Acuerdos con droguerías por montos superiores a los $50.000 millones que están siendo investigados por la Justicia tras denuncias de "vaciamiento".
600 mil afiliados en la incertidumbre
Mientras los reportes periodísticos detallan movimientos de fondos para "gastos no esenciales", la realidad de los militares, efectivos de seguridad y sus familias es crítica. Las denuncias penales por "abandono de persona" se multiplican ante la imposibilidad de acceder a tratamientos crónicos o medicación de alta complejidad.
Para los detractores de la medida, el pago a Tekhne SA es el síntoma de una gestión que "apagó las luces" priorizando compromisos con empresas de servicios por sobre la salud de los afiliados. Desde el oficialismo, en cambio, se intenta encuadrar la medida como un paso técnico necesario para que la transición administrativa no deje al organismo sin capacidad operativa mínima durante su cierre definitivo.
