La Casa Rosada afirma haber resuelto la incógnita sobre la autoría de las imágenes que mostraron al vocero presidencial, Manuel Adorni, abordando un vuelo privado hacia Punta del Este. Según fuentes oficiales, la responsable sería Victoria Correa, delegada sindical de la asociación ATEPSA, quien se desempeña en el Aeropuerto de San Fernando desde 2019.
Los detalles de la acusación
La identificación de Correa se habría producido mediante el testimonio de sus propios compañeros de tareas. El Ejecutivo sostiene que la empleada habría incumplido sus deberes laborales al registrar imágenes de un funcionario y su familia en la pista, una zona de acceso restringido.
·Posibles sanciones: El Gobierno evalúa iniciar un sumario administrativo, argumentando que la función de la trabajadora no incluye la filmación de pasajeros.
·Vinculaciones políticas: Desde el oficialismo intentaron ligar a la delegada con sectores de la izquierda (PTS), versión que fue desmentida y calificada de "ridícula" por referentes de ese espacio.
El costo real del traslado bajo la lupa judicial
Mientras el foco político se centró en la filtración, la investigación judicial a cargo del fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo arrojó datos precisos sobre el financiamiento del viaje realizado durante el carnaval. El traslado aéreo (ida y vuelta) tuvo un costo aproximado de 9.000 dólares. El tramo de ida fue facturado por 6,9 millones de pesos a nombre de la productora Imhouse SA, propiedad del periodista Marcelo Grandio, quien también integró la comitiva. El tramo de regreso realizado desde Laguna del Sauce bajo una modalidad de paquete prepago, con un valor estimado de 4.200 dólares.
Impacto en el discurso oficial
La difusión de estas cifras y del video original generó una fuerte incomodidad interna, ya que contradice la narrativa de austeridad absoluta promovida por la gestión actual. Tras descartar hipótesis de espionaje interno o "fuego amigo" por parte de otros ministerios, el Gobierno decidió cerrar filas apuntando a la responsabilidad de la empleada aeroportuaria para dar por terminada la controversia mediática.
