Una nueva denuncia periodística pone el foco sobre el patrimonio y la gestión de recursos del vocero presidencial. Según reveló el cronista Fabián Waldman, el funcionario contaría con una estructura de cuatro vehículos oficiales, de los cuales uno estaría siendo desviado de sus funciones estrictamente públicas.

Las claves de la acusación

De acuerdo con la información difundida en el programa Segurola y Habana (Radio FutuRock), el esquema de movilidad de Adorni se dividiría de la siguiente manera:

·Traslado y custodia: Dos unidades destinadas al desplazamiento diario del vocero.

·Uso doméstico: La denuncia sostiene que un tercer vehículo permanece en las inmediaciones de su residencia particular y es utilizado por su entorno familiar y personal doméstico para realizar compras y tareas privadas.

Esta filtración genera un cortocircuito directo con el discurso de austeridad y recorte del gasto que el propio Adorni defiende diariamente desde el estrado de Casa Rosada.

Un frente judicial y político que se expande

Este episodio no llega de forma aislada, sino que se suma a una serie de cuestionamientos que vienen desgastando la figura del funcionario en las últimas semanas:

El viaje a Nueva York: La polémica por la inclusión de su esposa, Bettina Angeletti, en una comitiva oficial. Pese al respaldo del presidente Javier Milei, quien calificó el hecho como un "costo marginal", la oposición presentó denuncias por presunto uso indebido de fondos públicos.

Patrimonio bajo la lupa: La diputada Marcela Pagano amplió recientemente una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito. El eje está puesto en la adquisición de una propiedad en un exclusivo country de Exaltación de la Cruz durante 2024, registrada a nombre de la mujer del vocero.

Silencio desde el entorno oficial

Ante la consulta sobre estos nuevos señalamientos, desde la oficina del vocero han evitado dar precisiones, limitándose a señalar que los temas que ya están en manos de la Justicia se resolverán en ese ámbito. Sin embargo, la acumulación de expedientes y versiones sobre el uso de bienes del Estado comienza a generar un costo político difícil de ignorar para la mesa chica del Gobierno.