Durante un acto en el que la memoria fue la principal protagonista, esta mañana se formalizó la demanda civil para la restitución de los 23 departamentos de la histórica Torre del Periodista, apropiados ilegalmente por las Fuerzas Armadas durante la última dictadura cívico-militar, en 1976. La presentación tuvo lugar en el café de la Biblioteca Alberdi y contó con la presencia de damnificados, herederos y referentes gremiales y políticos.
La historia
La fecha de inauguración sería el 7 de junio de 1976 -Día del Periodista- y ese día también abriría sus puertas un centro comunitario con sala de cine y auditorio que funcionaría al lado de la Torre de Periodistas I, como se bautizó al proyecto.
La obra de 14 pisos ya estaba terminada y varias personas habitaban el edificio cuando los militares que formaron parte del Golpe de 1976 intervinieron la Cooperativa: “El 24 de marzo vinieron varios soldados con FAL, se apostaron en la entrada y en el techo y tomaron el edificio que ya estaba todo adjudicado. Luego, decidieron demorar un año la inauguración y en ese interín aprovecharon para expulsar a 23 adjudicatarios y repartirse los departamentos entre el Ejército, Gendarmería, La Marina y la Policía Federal”, relató Víctor Hugo Reynoso, periodista e integrante de la Cooperativa en ese momento.
El tema es que con el retorno de la democracia tampoco hubo solución y, los militares que se habían instalado en el edificio directamente se apropiaron de los departamentos.
Ahora, la acción legal, una demanda civil en la justicia federal contra el Estado Nacional y la Provincia, busca recuperar el patrimonio que pertenecía a trabajadores de prensa y que fue usurpado por el régimen. La mesa del acto estuvo presidida por Víctor Hugo Reynoso, Dante Morosani, Ruli Aranda, el abogado patrocinante Mariano Mansilla, el concejal Daniel Figueroa —quien además realizó la tasación de los inmuebles— y el secretario gremial del Sindicato de Prensa, Oscar Livera.
Entre los asistentes se encontraban familiares de los damnificados originales, muchos de los cuales ya fallecieron en estas décadas de lucha, por lo que la demanda es llevada adelante hoy por sus herederos. También estuvieron presentes Priscila Otton, Pablo Inda y Sergio Mayorga.
“ El tramo final de una lucha que ya lleva 50 años”
Durante su alocución, Dante Morosani recordó el largo camino recorrido: “Hoy iniciamos el tramo final de nuestra larga y extenuante lucha, que ya lleva 50 años. Buscamos recuperar el cuantioso patrimonio que nos usurpó y arrebató el régimen cívico-militar”. Morosani hizo hincapié en que la justicia federal ya determinó que la apropiación de estos departamentos constituye un delito de lesa humanidad, causa por la cual dos militares se encuentran acusados penalmente.
Por su parte, el abogado patrocinante, Mariano Mansilla, explicó la relevancia jurídica y social del caso: “Los que están acusados de delitos de lesa humanidad conservan los departamentos. Esa paradoja nos alcanza para reclamar por el daño sufrido en estos 50 años”, recalcó. Recordó que fue tal la cantidad de delitos que cometieron los militares durante los años de la dictadura que, al principio de la Democracia, la sociedad argentina se centró en denunciar e investigar los crímenes contra las personas por lo que “no es extraño que se haya tardado tantos años en reclamar la restitución de los bienes”. Sin embargo destacó que “muchas de las fortunas actuales de la Argentina están cimentadas sobre esos bienes que fueron robados”.
Un precedente histórico
La demanda civil de restitución ante la justicia federal no solo apunta a la recuperación material de los inmuebles, sino que busca sentar un precedente en materia de derechos humanos y propiedad. La causa penal ya había dado un paso fundamental al considerar la apropiación de bienes como parte del plan sistemático de represión, lo que ahora permite accionar civilmente contra el Estado por la vía de la imprescriptibilidad.
“Es una espina en la capital de los derechos humanos”, concluyó Mansilla, en alusión a la contradicción de que, en una ciudad emblemática por su lucha por la memoria, aún haya propiedades robadas por la dictadura en manos de particulares o sin restituir a sus legítimos dueños.
La justicia federal deberá ahora expedirse sobre esta demanda, que representa la esperanza de un cierre digno para las víctimas y sus familias después de medio siglo de reclamos.
