Una serie de revelaciones sobre contrataciones directas para capacitaciones de idiomas ha puesto en el centro de la escena a Hernán Adrián Gómez, actual subsecretario de Transporte Aéreo y hombre de confianza en la estructura del Ministerio de Economía. La controversia gira en torno a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), organismo bajo la órbita de Gómez, que habría desembolsado una cifra cercana a los 900 mil dólares en favor del Instituto Latinoamericano de Aviación Civil (ILAC).

Este contrato, que supera ampliamente a otros convenios similares que recientemente despertaron críticas en el gabinete, tiene como objetivo formal la enseñanza de inglés técnico para el personal civil que gestiona el tránsito aéreo en el país.

La investigación, que cobró relevancia tras la difusión de datos por parte del sitio especializado AeroMarket y analistas del sector, detalla que el convenio se divide en dos grandes áreas de facturación. Por un lado, se destinaron más de 420 mil dólares exclusivamente al diagnóstico del nivel de idioma del personal de EANA. Por otro lado, se sumaron otros 460 mil dólares para la planificación y el diseño de un programa de aprendizaje con orientación específica en aviación.

En conjunto, el monto total de 881.476 dólares otorgado al ILAC ha generado fuertes cuestionamientos debido a los estrechos vínculos personales y societarios que existen entre el subsecretario Gómez y la cúpula del instituto beneficiado.

El foco de la sospecha se posa sobre María Luján "Mara" Di Loreto, presidenta del ILAC y colaboradora estrecha de Gómez desde hace años. Ambos compartieron funciones jerárquicas en el Centro de Instrucción de la ANAC y han actuado como codirectores de programas académicos en instituciones privadas como la UCA.

La relación trascendió lo académico cuando Di Loreto fue integrada por el propio Gómez en comisiones oficiales para reformar el Código Aeronáutico y en misiones internacionales para la firma de tratados de "cielos abiertos". Sin embargo, el dato más comprometedor surgió de los registros comerciales en el exterior: en 2021, Di Loreto inscribió al ILAC como una sociedad de responsabilidad limitada en Uruguay, donde Hernán Gómez figuraba originalmente como dueño de la mitad del capital social.

La cronología de los hechos sugiere una maniobra de último momento para evitar incompatibilidades legales. Según los registros oficiales de Uruguay, el subsecretario Gómez cedió su participación accionaria a una familiar de Di Loreto el 8 de diciembre de 2023, apenas 48 horas antes de asumir su cargo en el gobierno de Javier Milei.

Pese a este movimiento formal en los papeles, la asignación de este contrato millonario bajo la gestión de Norma Beatriz Rotta en EANA ha reavivado las dudas sobre la transparencia en el manejo de fondos públicos y el posible uso de información privilegiada para beneficiar a un entorno societario del que el funcionario formó parte hasta el inicio de su gestión pública.