En el marco de su agenda de reformas estructurales, el Gobierno Nacional ha comenzado a delinear lo que sería el proyecto de transformación jubilatoria más ambicioso de las últimas décadas. Bajo la supervisión directa del círculo íntimo presidencial, el objetivo es presentar antes de que finalice el año un esquema que busca garantizar la sostenibilidad fiscal y atraer el respaldo de organismos internacionales como el FMI.

Los pilares del borrador oficial

Aunque el texto final está en proceso de redacción, los puntos que generan mayor debate en el ala técnica del oficialismo incluyen:

Extensión de la vida laboral: Se analiza elevar la edad de retiro de forma uniforme a los 70 años. Algunas facciones más ortodoxas incluso sugieren llevar el límite para los hombres hasta los 75 años, lo que situaría a la Argentina en los niveles más altos de permanencia laboral a nivel global.

Revisión de beneficios y haberes: El plan contempla una convergencia entre la jubilación mínima y la actual Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Asimismo, se estudia una política de beneficio único, que limitaría la acumulación de prestaciones (como la coexistencia de jubilación y pensión por fallecimiento).

Retorno de la capitalización privada: La reforma abriría nuevamente la puerta a que fondos administrados por entidades privadas gestionen los aportes previsionales, retomando un modelo de ahorro individual similar al que funcionó hasta 2008.

Escenario legislativo y proyecciones económicas

Desde el entorno oficialista perciben un panorama favorable en el Congreso. La lectura política que hacen en Balcarce 50 sugiere que la fragmentación de la oposición —especialmente dentro del peronismo y el radicalismo— facilitaría el avance de la norma.

Dato Clave: Para el Gobierno, la aprobación de esta ley no es solo una cuestión de orden interno, sino una señal de "disciplina fiscal" necesaria para fortalecer las reservas del Banco Central mediante nuevos desembolsos de fondos frescos desde el exterior.