La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) intervino de manera contundente en el debate por la reforma del régimen penal juvenil. A través de un documento oficial, la institución advirtió que endurecer las penas o reducir la edad de responsabilidad no resolverá el problema del delito si no se acompaña con una red de contención social y educativa.
Un enfoque más allá del castigo
Bajo el lema “Más oportunidades que penas”, el Episcopado expresó que centrar la discusión únicamente en la edad de imputabilidad —actualmente impulsada hacia los 14 años— es una respuesta insuficiente. La Iglesia subrayó que el Estado debe priorizar la prevención y la reinserción, alertando sobre la precariedad del sistema carcelario actual y la falta de infraestructura en las provincias para albergar a menores bajo estándares humanizados.
"Una mirada integral debe enfocarse en la recuperación y no solo en la sanción", destacaron los obispos, citando el legado pedagógico de San Juan Bosco como modelo de acompañamiento para jóvenes en contextos de vulnerabilidad.
El escenario político y el proyecto oficial
Mientras la Iglesia pide prudencia, el Gobierno nacional acelera los tiempos legislativos. Tras perder estado parlamentario el año pasado, el oficialismo busca relanzar el proyecto en sesiones extraordinarias con el apoyo de bloques aliados como el PRO y la UCR.
Puntos clave del proyecto de ley:
·Edad mínima: Se establecería en los 14 años.
·Penas máximas: Hasta 15 años de prisión para delitos graves (sin posibilidad de reclusión perpetua).
·Medidas alternativas: Tareas comunitarias y reparación del daño para delitos menores.
·Infraestructura: Prohibición estricta de que los jóvenes compartan espacios con adultos y creación de centros de tratamiento especializados.
El conflicto federal
Más allá de la cuestión moral y social, la reforma abre una disputa económica. Los gobernadores provinciales han manifestado su preocupación por el costo que implicará la construcción de estos nuevos institutos y el mantenimiento de los regímenes de asistencia psicológica y sanitaria, exigiendo partidas presupuestarias específicas que el Ejecutivo aún no ha garantizado.
La reactivación del debate se produce en un clima social sensible, marcado recientemente por crímenes de alto impacto que han puesto la responsabilidad penal juvenil en el centro de la agenda pública de 2026.
