El Gobierno de Corrientes, liderado por Juan Pablo Valdés, ha puesto un freno a las expectativas de recomposición salarial para el sector público. En un contexto de alta tensión gremial, el mandatario provincial vinculó la imposibilidad de otorgar aumentos a la drástica reducción de los fondos de coparticipación y a una acreencia multimillonaria que el Estado Nacional mantiene con la provincia.

Los números detrás del conflicto

Valdés detalló que la deuda de Nación con las arcas correntinas asciende a los $250.000 millones, principalmente por conceptos de consenso fiscal. Según el gobernador, aunque las cuentas locales se mantienen en equilibrio técnico, el margen de maniobra es nulo. "Estamos al límite", advirtió, dejando en una situación de incertidumbre a los trabajadores estatales y, especialmente, al sector docente, que tiene en el horizonte el inicio de clases el próximo 2 de marzo.

El "efecto dominó" en las intendencias

La parálisis financiera provincial ha dejado al descubierto la fragilidad de los 74 municipios. El escenario comunal es crítico y se divide en dos frentes:

1.Municipios en emergencia: Localidades como Virasoro ya formalizaron el estado de emergencia económica por deudas acumuladas, mientras que en Santa Rosa y Mburucuyá escalan denuncias por irregularidades administrativas y desaparición de activos financieros.

2.Transiciones bajo sospecha: Incluso en distritos considerados "modelo", como Capital, Goya o Ituzaingó, existen cuestionamientos sobre la transparencia de sus balances y la existencia de deudas ocultas tras los cambios de gestión.

El reclamo sindical

La postura oficial de "esperar y ver" ha chocado de frente con las exigencias de los gremios, que exigen la apertura de paritarias de manera inmediata para frenar la erosión del poder adquisitivo. Por ahora, las reuniones con la cartera de Educación no han arrojado definiciones de porcentajes ni fechas, supeditando cualquier mejora a una eventual reactivación del flujo de fondos federales.