El proyecto para establecer un nuevo Régimen Penal Juvenil ha ingresado en una fase de negociaciones críticas. Aunque existe una voluntad general entre los bloques aliados para reformar la ley vigente, el Gobierno nacional se ha topado con una barrera política: sus socios legislativos rechazan la intención de procesar penalmente a menores de 13 años.
El disenso en las cifras
La propuesta del Poder Ejecutivo busca llevar el límite de imputabilidad a una edad más temprana, pero sectores clave de la UCR y el PRO han plantado bandera en los 14 años.
Los argumentos para este freno no son solo ideológicos, sino también técnicos:
·Falta de sustento técnico: Los bloques opositores dialoguistas sostienen que no existen informes científicos ni operativos que justifiquen bajar el piso a los 13 años.
·Capacidad operativa: Advierten que el sistema actual no está preparado para procesar y alojar a niños de tan corta edad bajo un régimen penal específico.
·Prudencia legislativa: Definen la postura de los 14 años como un equilibrio entre la demanda social de seguridad y los tratados internacionales de derechos del niño.
El calendario de extraordinarias
A pesar de estas diferencias, el oficialismo mantiene la presión para que la reforma sea tratada durante el periodo de sesiones extraordinarias. El objetivo del Ejecutivo es acelerar la discusión para contar con la herramienta legal lo antes posible, pero la falta de consenso en este punto clave podría dilatar la votación o forzar cambios en la redacción final del proyecto.
El escenario actual: El debate ya no es si se debe bajar la edad, sino cuál es el límite exacto que la política y la ciencia están dispuestos a convalidar en el actual contexto social argentino.
