En el marco de la crítica situación ígnea que atraviesa la Patagonia, el Ministerio de Seguridad de la Nación ratificó el desembolso de una partida superior a los $100.000 millones. El objetivo central de esta inversión, oficializada mediante la Resolución 91/2026, es dotar de recursos técnicos y equipamiento de protección a los cuarteles que operan en la primera línea de fuego.
Distribución de los recursos por niveles
El financiamiento se segmentará de forma escalonada para alcanzar a todas las estructuras que componen el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios:
·Cuarteles locales (Primer grado): Se destinarán más de $100.810 millones. Cada una de las 1.062 asociaciones registradas recibirá una suma cercana a los $95 millones para la renovación de autobombas, vestimenta ignífuga y herramientas operativas.
·Federaciones provinciales (Segundo grado): Recibirán un total de $7.754 millones, repartidos proporcionalmente según la cantidad de entidades afiliadas en cada jurisdicción.
·Organismos nacionales (Tercer grado): El Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios y la Agencia Federal de Emergencias percibirán montos específicos para la coordinación logística y capacitación a nivel federal.
El foco en el mantenimiento y la protección civil
La normativa establece que los fondos no solo deben utilizarse para nuevas adquisiciones, sino que es prioritario el mantenimiento preventivo del parque automotor y los equipos de respiración. El Gobierno busca garantizar que todo el material de lucha contra incendios esté en "perfecto estado de uso" ante la extensión de la temporada de siniestros.
Controles estrictos y rendición de cuentas
Para evitar desvíos o irregularidades, la Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios ha impuesto condiciones rigurosas para la liberación de los pagos:
1.Documentación al día: Solo recibirán transferencias aquellas entidades que tengan presentadas sus rendiciones conforme al manual de subsidios.
2.Pagos progresivos: El flujo de dinero dependerá de la recaudación registrada en el Banco Nación y de la validación de los gastos previos.
3.Cláusula de suspensión: Ante cualquier anomalía operativa o administrativa detectada, el Ministerio suspenderá de inmediato el beneficio y podrá iniciar acciones legales contra la asociación responsable.
Este refuerzo presupuestario llega en un momento de máxima tensión para el sistema de protección civil, donde la operatividad de los cuarteles locales resulta determinante para contener el avance de las llamas en zonas de interfase.
