La tensión entre la Confederación General del Trabajo (CGT) y el Gobierno nacional ha alcanzado un nuevo punto de ebullición. La central obrera confirmó una jornada de paro total y movilización para el próximo 10 de febrero, fecha que coincide con la nueva sesión programada en el Senado para debatir el proyecto de flexibilización laboral impulsado por el oficialismo.
Un escenario de parálisis nacional
La medida de fuerza promete una adhesión masiva que afectará los pilares operativos del país. Se prevé que la protesta impacte severamente en:
·Transporte y logística: Servicios públicos, carga y recolección de residuos.
·Finanzas y servicios: Actividad bancaria y administración pública.
·Producción: Sector industrial y la industria de la construcción.
El epicentro de la jornada será la Ciudad de Buenos Aires, donde las columnas gremiales convergerán frente al Congreso de la Nación para presionar a los legisladores durante el tratamiento de la norma.
El eje del reclamo: falta de consenso y precarización
Desde la cúpula de la CGT, los dirigentes Osvaldo Lobato y Jorge Sola fueron tajantes al calificar la iniciativa como un "ataque directo" a la estructura de derechos individuales y colectivos. Según la central, la reforma no solo precariza el empleo, sino que busca desmantelar los mecanismos de negociación colectiva, piezas fundamentales del modelo sindical argentino.
Por su parte, el cosecretario general Cristian Jerónimo denunció un bloqueo sistemático al diálogo por parte de la Casa Rosada. "La falta de una reforma consensuada es responsabilidad exclusiva del Gobierno, que se niega a establecer una mesa de negociación formal con los representantes de los trabajadores", afirmó.
La estrategia oficialista en el Senado
Ante la magnitud de la protesta y las dificultades para asegurar los votos necesarios, el Poder Ejecutivo decidió postergar el tratamiento del proyecto originalmente previsto para enero. El objetivo del Gobierno es utilizar este margen de tiempo hasta el 10 de febrero para blindar acuerdos parlamentarios con los sectores dialoguistas, intentando mitigar el costo político de una ley que nace sin el visto bueno del arco gremial.
La sesión en la Cámara Alta se perfila como un test decisivo para la gobernabilidad, en un clima de alta volatilidad social donde las conquistas históricas del movimiento obrero están en el centro del debate nacional.
