El litigio por la nacionalización de YPF entra en una fase de máxima tensión técnica. El próximo 15 de enero, el fondo Burford Capital —beneficiario de la sentencia por US$ 16.100 millones— presentará un escrito formal ante la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, denunciando que el Estado argentino ha incumplido órdenes judiciales clave.

El eje del conflicto: acceso a comunicaciones oficiales

La controversia actual no se centra en el pago de la sentencia, sino en el proceso de "discovery" (recolección de pruebas). Los demandantes sostienen que la Argentina no ha entregado la totalidad de los registros de WhatsApp y servicios de mensajería de funcionarios públicos involucrados en la toma de decisiones de la petrolera.

Según el análisis del especialista Sebastián Maril, el reclamo de Burford se basa en que, al día de hoy, todavía seis funcionarios no han facilitado el acceso a sus comunicaciones privadas de carácter laboral, a pesar de que la gran mayoría de los involucrados ya cumplió con el requerimiento.

La defensa de la Procuración del Tesoro

Desde el Gobierno nacional, la respuesta ha sido de rechazo categórico a las acusaciones de rebeldía. Fuentes de la Procuración del Tesoro de la Nación aseguraron que el país está operando bajo un esquema de "cumplimiento pleno" de las disposiciones de Preska.

Los argumentos de la defensa oficial se basan en tres puntos:

1.Colaboración voluntaria: La mayoría de los actuales y exfuncionarios ya han prestado su consentimiento para el relevamiento de datos.

2.Entregas periódicas: Se argumenta que la información se está enviando a Nueva York de manera fragmentada pero constante a medida que se procesa.

3.Resguardo de procesos: El Estado presentará su defensa formal ante la acusación de desacato el próximo 19 de febrero.

¿Qué implica un posible desacato?

Si la jueza Preska hiciera lugar al pedido de Burford, la Argentina podría enfrentar sanciones económicas adicionales que se sumarían al ya abultado monto de la sentencia.

Además, una declaración de este tipo complicaría la posición estratégica del país en futuras instancias de apelación, al ser visto como una parte que obstruye el proceso de descubrimiento de pruebas.