El apartamiento de sus funciones del edil R. K. por un plazo de 90 días es solo la punta del iceberg de un caso que ha conmocionado a la pequeña localidad de Andrade. Entre promesas de terrenos y presiones políticas, las familias de las víctimas denuncian un vacío legal en su protección.

Olegario V. Andrade, un municipio donde "todos se conocen", vive días de extrema tensión. La suspensión del concejal R. K., resuelta por la Municipalidad tras la apertura de un expediente en el Juzgado de Instrucción N° 5 de Alem, ha destapado una serie de denuncias que van más allá de un simple incidente callejero.

El modus operandi bajo investigación Los hechos que originaron la causa penal ocurrieron el 3 de enero, pero según los testimonios que recolecta la justicia, no habrían sido aislados. El relato de las adolescentes de 14 y 16 años es estremecedor: el funcionario no solo las habría abordado con comentarios sobre su apariencia física, sino que habría intentado utilizar su poder político como moneda de cambio.

"Les ofreció un terreno y las invitó a otra localidad para tomar un helado, presentándose como el futuro intendente", explicó Sergio, padre de las menores. Para los investigadores, este detalle es clave, ya que demostraría un presunto abuso de autoridad o el uso de su investidura para amedrentar o seducir a menores de edad bajo promesas de beneficios materiales.

El reclamo por la seguridad de las víctimas A pesar de que el concejal fue apartado de su cargo, la indignación de la familia crece debido a lo que consideran una "negligencia judicial". Según denuncian, solo existe un acta policial que no tiene el peso de una restricción perimetral firmada por un magistrado.

"Estamos en un pueblo chico, nos cruzamos constantemente. Mis hijas están bajo tratamiento psicológico y tienen miedo de salir a la calle mientras el acusado sigue circulando sin una orden que le impida acercarse", reclamó el progenitor. El caso pone bajo la lupa no solo el comportamiento ético de los funcionarios públicos en el interior misionero, sino también la rapidez de la justicia para proteger a las víctimas de acoso en contextos rurales, donde la cercanía física con el agresor es inevitable.