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Mediante la publicación del Decreto 900/2025 en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo ratificó la firma de una línea de crédito adicional con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). El financiamiento tiene como meta principal apuntalar la transición hacia un sistema de gas y electricidad más eficiente y sostenible.


Condiciones del crédito y plazos

La asistencia financiera otorgada por el organismo multilateral se suma a un programa que ya se encontraba operativo desde hace dos años. Según los términos del acuerdo, la operación se estructuró bajo las siguientes condiciones:

·Plazo de amortización: 35 años en total.

·Carencia: Un periodo de gracia de 6 años antes de comenzar los pagos de capital.

·Costo financiero: Se aplicará una tasa de interés variable vinculada al indicador SOFR más un margen diferencial.

Destino de las divisas y objetivos estratégicos

El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Energía, será el responsable de administrar estos fondos. El foco de la inversión está puesto en:

1.Reforma Tarifaria: Creación de un esquema que atraiga capitales para la generación térmica de soporte para fuentes renovables.

2.Modernización Institucional: Fortalecimiento de los entes reguladores y de planeamiento del sector.

3.Continuidad del Proyecto: Este desembolso complementa los u$s 300 millones obtenidos inicialmente en 2023, elevando la capacidad de ejecución del programa.

Gestión y supervisión

El decreto delega en las carteras de Economía y Finanzas la potestad para rubricar la documentación final, la cual queda sujeta a la validación definitiva del Directorio Ejecutivo del Banco Mundial. Por su parte, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad intervendrá como subejecutor en tramos específicos de la obra, mientras que la coordinación técnica y fiduciaria quedará bajo la órbita de la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales.

Esta medida se enmarca en la búsqueda oficial de financiamiento externo para obras de infraestructura de largo plazo, evitando el uso de recursos directos del Tesoro y extendiendo los vencimientos de la deuda externa en condiciones preferenciales.