A través de la Resolución 2059/2025 publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía oficializó la preadjudicación de los complejos hidroeléctricos del Comahue. La medida representa un hito en el programa de desestatización de activos impulsado por la Ley Bases, permitiendo el traspaso total de las acciones de las firmas concesionarias a manos privadas.
Los resultados de la licitación y nuevos operadores
El proceso competitivo, que no contó con un precio base preestablecido, arrojó un ingreso total de u$s 706,9 millones. Tras la evaluación de las ofertas económicas y la validación de las tasaciones del BICE, el orden de mérito quedó definido de la siguiente manera:
·Piedra del Águila: Quedó en manos de Central Puerto S.A. por un monto de u$s 245 millones, siendo la adjudicación más alta del paquete.
·El Chocón: Fue asignada al grupo BML Inversora S.A.U., que desembolsará u$s 235,6 millones.
·Alicurá y Cerros Colorados: Ambas represas fueron preadjudicadas al consorcio de Edison Inversiones S.A.U., por u$s 162 millones y u$s 64,1 millones respectivamente.
El trasfondo de la operación
La venta de estos activos estratégicos, anteriormente bajo la órbita de ENARSA y NASA, se enmarca en la urgencia del Tesoro Nacional por fortalecer las reservas de cara a los compromisos de deuda del primer trimestre de 2026. Durante el concurso, la Comisión Evaluadora descartó propuestas técnicas que contenían ofertas económicas simbólicas, asegurando que los valores finales guardaran relación con el valor de mercado de la infraestructura.
Próximos pasos y traspaso de mando
El cronograma oficial estipula que el próximo 22 de diciembre de 2025 se llevará a cabo la rúbrica de los contratos de transferencia en la ciudad de Cipolletti, Río Negro. A partir de la adjudicación final, los nuevos titulares asumirán la gestión operativa integral de las cuencas.
Con este movimiento, el Ejecutivo da por finalizada la etapa de transición iniciada tras el vencimiento de las concesiones de los años 90, consolidando un esquema de operación privada bajo regulación estatal que busca, según los fundamentos de la norma, incentivar la inversión en infraestructura energética y sanear el balance del Estado Nacional.
