El arranque de la discusión parlamentaria sobre la transformación del esquema laboral argentino se vio opacado por un fuerte choque de posiciones en la Cámara Alta. Lo que debía ser una jornada administrativa para constituir las comisiones de trabajo terminó en un escándalo político que amenaza con trasladar la disputa legislativa a los tribunales.
Una conformación bajo la lupa
El foco del conflicto radica en la Comisión de Trabajo y Previsión Social. El bloque kirchnerista, liderado por José Mayans, denunció graves irregularidades en el procedimiento de designación de autoridades. Según el senador formoseño, la conformación de estas mesas de trabajo no pasó por los filtros reglamentarios ni constitucionales obligatorios, lo que invalidaría cualquier dictamen posterior.
La oposición sostiene que el proceso nació con vicios legales insalvables, acusando a la presidencia del cuerpo de forzar las competencias para acelerar el tratamiento de la ley.
Bajo esta premisa, el peronismo anunció que impugnará judicialmente todo lo actuado, calificando la maniobra como un atropello a las normas del Senado.
El cruce de poder: Bullrich vs. Mayans
La tensión se materializó en un intercambio directo entre el jefe de la bancada opositora y la referente del oficialismo, Patricia Bullrich, quien terminó siendo electa para presidir la comisión en disputa.
·La postura oficialista: Bullrich desestimó los cuestionamientos técnicos del peronismo, instando a la Vicepresidencia a ignorar las quejas y proceder con la agenda legislativa.
Para el sector libertario, los reclamos opositores son maniobras de dilación frente a una reforma que consideran urgente.
·La reacción opositora: En un clima de gritos y desorden, Mayans ratificó que su bloque no validará con su presencia las reuniones de comisión, al considerar que se está rompiendo el orden institucional de la Cámara.
Escenario de parálisis y judicialización
Con la designación de Bullrich a la cabeza de la comisión, el cronograma de la reforma laboral sigue en pie, pero bajo una sombra de incertidumbre legal. Si la Justicia hace lugar a la presentación del peronismo, el tratamiento de la ley podría quedar suspendido o sus efectos anulados, lo que representaría un duro golpe para la estrategia política del Gobierno Nacional en el Congreso.
Por el momento, el Senado se encamina a un escenario de fractura total, donde el diálogo político ha sido reemplazado por la confrontación directa y la amenaza de intervención del Poder Judicial.
