La comunidad académica argentina se encuentra en estado de máxima alerta tras la inclusión de un apartado crítico en el proyecto de Presupuesto Nacional. El denominado Artículo 75 ha generado un fuerte rechazo al proponer la anulación de leyes fundamentales, afectando directamente el financiamiento de las universidades nacionales y la protección de personas con discapacidad.
Una "maniobra política" bajo la lupa
Desde Conadu Histórica, el secretario de Organización, Antonio Roselló, calificó esta iniciativa como una estrategia legislativa agresiva, comparándola con episodios oscuros de la historia política argentina, como la "Ley Banelco". Según el dirigente, el oficialismo ha logrado el respaldo de legisladores y gobernadores que, bajo presión financiera, habrían aceptado sacrificar fondos destinados a los sectores más vulnerables y a la formación profesional.
El eje del reclamo se centra en tres puntos críticos:
·Desfinanciamiento educativo: La derogación de la Ley de Financiamiento Universitario dejaría a las instituciones sin un piso garantizado de recursos.
·Vulneración en discapacidad: La eliminación de la emergencia en discapacidad desprotege a un sector que ya enfrenta severas dificultades.
·Contraste de prioridades: El gremio denuncia que mientras se recortan fondos para el Hospital Garrahan y las universidades, se otorgan beneficios fiscales a empresas a través de la reciente reforma laboral.
Números en rojo: Salarios y éxodo docente
La situación de los trabajadores universitarios ha alcanzado un punto de quiebre. Roselló detalló una realidad alarmante que afecta la calidad educativa:
·Deuda salarial: El Estado mantiene un atraso del 45,9% respecto a la inflación acumulada.
·Sueldos de indigencia: Un docente con un centenar de alumnos a cargo percibe aproximadamente $250.000, una cifra que no cubre las necesidades básicas.
·Renuncias masivas: Como consecuencia de la crisis económica, se estima que más de 10.000 docentes e investigadores han abandonado sus cargos en el último tiempo.
El fantasma del paro total para 2026
La gravedad del escenario ha llevado a los gremios a plantear una medida drástica: la posibilidad de no iniciar el ciclo lectivo 2026. Los representantes docentes sostienen que el veto sistemático a las leyes de financiamiento y la actual "maniobra" en el Presupuesto configuran un plan deliberado para desarticular la salud y la educación pública.
"Estamos ante una regresión histórica de un siglo y medio. No se trata solo de salarios, sino de la supervivencia del sistema público", sentenció la dirigencia gremial.
