El gobierno del presidente Javier Milei, a través de la oficina de Federico Sturzenegger, está finalizando los borradores de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que busca reformar la estructura de gobernanza del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). La iniciativa persigue un mayor control sobre el máximo organismo de ciencia, con el objetivo de reorientar las investigaciones hacia intereses productivos regionales y monitorear con mayor rigor los proyectos en curso.
La reforma apunta a modificar la manera en que se asignan los fondos y se seleccionan los temas de investigación. La Casa Rosada busca que “cada universidad defina el plan en base a lo que le puede servir a la región”, enfocándose en áreas de alta demanda productiva como la minería y la energía.
Sin embargo, fuentes de alto nivel dentro del propio organismo científico explicaron que la estrategia elegida por el Poder Ejecutivo es legalmente cuestionable, ya que la estructura del CONICET no puede ser alterada mediante un DNU.
El bloqueo legal al DNU
Según las fuentes consultadas, la gobernanza y la composición del Directorio del CONICET están definidas por el decreto 1661/96, una norma que fue dictada en un contexto de emergencia económica y, por ende, posee el mismo rango y la “fuerza de ley”.
Para modificar una norma con rango de ley, el Poder Ejecutivo requiere de una nueva ley del Congreso, salvo que cuente con facultades extraordinarias delegadas.
"Las facultades delegadas por la Ley de Bases se extinguieron el 9 de julio de 2025. Hoy la modificación solo podría hacerse por ley del Congreso", aseguró la fuente científica.
Esta vulnerabilidad legal hace que la estrategia gubernamental se exponga a una "lluvia de amparos judiciales" que podrían paralizar sus planes de controlar las investigaciones.
La estrategia de control y reordenamiento
La iniciativa se gestó antes de las elecciones de octubre y busca "reordenar los incentivos de las investigaciones", centralizando las decisiones en las universidades para alinear los estudios con la demanda productiva regional.
En el Gabinete se sostiene que la ciencia debe tener un “impacto directo en la modernización de la producción nacional”. Con este fin, la reforma buscaría descentralizar la identificación de proyectos, pero con una estricta supervisión en función de la rentabilidad y la aplicación productiva. En esencia, la meta es ejercer control sobre qué se investiga.
En esa línea, funcionarios del Gobierno trazaron un límite a los estudios que consideran ineficientes, ejemplificando irónicamente: “Lo que buscamos evitar es que en Catamarca se pongan a investigar sobre las fantasías de Batman”.
Los borradores del DNU fueron revisados por los equipos del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, y, según admiten fuentes oficiales, "solo falta definir cuándo sale".
La estructura y la alarma científica
El CONICET es un organismo gigantesco que gestiona un presupuesto de $580 mil millones y emplea a 26.781 personas, incluyendo 11.800 investigadores y 10.300 becarios.
Su dirección actual consta de un presidente (Daniel Salamone, designado por el Gobierno) y un directorio de ocho miembros, cuyos mandatos de cuatro años se nutren de propuestas de investigadores, universidades y cámaras sectoriales (industria y agro).
Aunque el Ejecutivo postergó recortes más profundos, el DNU apunta a cambiar los criterios de ingreso y ascenso, buscando priorizar perfiles técnicos vinculados a sectores como energía, minería y salud, relegando a las ciencias sociales y humanidades a un segundo plano.
En el sistema científico, esta orientación hacia la lógica productiva ha encendido alarmas, con críticos advirtiendo que esta restricción podría reducir la diversidad de líneas de investigación y golpear campos esenciales para el estudio de la democracia, la desigualdad y la educación.
