Un reciente análisis de la consultora PxQ, dirigida por el economista Emanuel Álvarez Agis, proyecta que el proyecto de Ley de Reforma Laboral impulsado por el Poder Ejecutivo reduciría en un 38% los costos laborales indirectos que soportan las empresas. Este alivio financiero se convertiría en el principal efecto inmediato de la iniciativa, impactando favorablemente en los balances del sector privado.
El estudio subraya que la propuesta busca una "modernización" del régimen laboral argentino a través de una reestructuración de la relación entre el Estado, el capital y los trabajadores. Para lograrlo, el proyecto combina tres ejes principales: la disminución de contribuciones patronales, la supresión de la obligatoriedad de realizar previsiones por eventuales despidos y la introducción del Fondo de Asistencia Laboral (FAL).
El ahorro detallado
PxQ ejemplifica el impacto tomando una empresa mediana con un costo salarial base de 100 millones de pesos mensuales. Bajo el nuevo esquema, el ahorro en costos no salariales se haría significativo a partir de 2026.
Los cambios clave incluyen:
1.Reducción de Contribuciones Patronales: En sectores productivos, como industrias y pymes, las contribuciones bajarían del 18% al 15%.
2.Aportes de Obra Social: Disminución de los aportes del 6% al 5%.
3.Eliminación de Previsiones por Despido: Este es el factor de mayor peso. Las empresas ya no estarían obligadas a constituir reservas de capital para indemnizaciones, un costo que, en el caso analizado, ascendía a unos $8,3 millones por mes.
La suma de esta liberación de capital y el nuevo esquema de aportes (incluida la contribución al FAL) se traduciría en una economía total de $12,33 millones por mes para la empresa modelo, lo que representa el 38% del total de sus costos indirectos actuales.
Seguridad jurídica y conflictividad
El informe también destaca que la reforma apunta directamente a modificar el marco de la conflictividad y la litigiosidad laboral, una demanda histórica del empresariado. La iniciativa introduce herramientas para brindar mayor "seguridad jurídica operativa" a los empleadores, incluyendo:
·La tipificación del bloqueo de establecimientos como causal válida para el despido.
·Limitaciones al derecho de huelga en servicios considerados esenciales, donde se requerirá una cobertura mínima de servicios del 75%.
·La supresión de multas asociadas a la "deficiencia registral" (relacionadas con el trabajo no declarado), buscando desactivar la denominada "industria del juicio".
Los interrogantes del sistema
A pesar del claro beneficio financiero para el sector privado, el estudio de PxQ genera serias dudas sobre la sostenibilidad y el impacto social del proyecto. La transferencia de riesgos que implica la creación del Fondo de Asistencia Laboral y la eliminación de ciertos aportes obligatorios proyectan incertidumbre sobre el sistema previsional y la protección social en el mediano plazo.
La discusión, por lo tanto, trasciende el ahorro empresarial y se centra en el modelo laboral y previsional propuesto por el Gobierno, instalándose en un escenario de fuerte confrontación política y sindical sobre los beneficios y costos sociales de la reforma.
