Tras el levantamiento del secreto de sumario, la Justicia Federal encontró evidencia que sugiere la existencia de una compleja estructura montada para el cobro de coimas y la gestión fraudulenta de compras de medicamentos esenciales, implicando a funcionarios y proveedores. (Fuente y foto La Nación)
Una investigación judicial sobre supuestos manejos irregulares en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ha arrojado indicios categóricos de corrupción y sobornos, según indicaron fuentes cercanas al proceso. La fiscalía ha formalizado requerimientos que incluyen la solicitud de indagatoria para quince personas y la orden de detención de un implicado, basándose en un robusto conjunto de pruebas recolectadas.
El expediente señala que, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, la ANDIS habría funcionado como un "centro de operaciones" enfocado en la obtención de beneficios económicos ilícitos a través de diversas maniobras.
Evidencia de acuerdos económicos ilícitos
Entre el material probatorio de mayor peso se encuentran los registros fílmicos y la recuperación de comunicaciones eliminadas. Una de las piezas clave es una imagen que capta a Diego Spagnuolo saliendo del domicilio de Miguel Calvete, un operador vinculado a droguerías.
El dictamen fiscal sugiere que este encuentro se materializó luego de una serie de conversaciones donde se habría pactado la entrega de una suma cercana a cinco millones de pesos. En una de las comunicaciones recuperadas, Calvete instruye a Spagnuolo a través de un mensaje de audio: "Coroa, escuchame, bueno, hablas con [Julio] Play y mañana a primera hora te lo manda a donde le digas o mandale un fercho, ponen algún lugar disimulado, eso que me habías dicho, por un lado." Este diálogo alude a la modalidad encubierta de la transferencia de dinero y la posible coima.
El mecanismo: sobrecostos encvompras vitales
La acusación del fiscal Franco Picardi se apoya en que la defraudación se instrumentó principalmente a través de la manipulación de los procedimientos de compra de medicamentos. La metodología consistía en realizar "compulsas reducidas" —licitaciones con una participación limitada a solo tres o cuatro empresas invitadas— para direccionar las adjudicaciones.
·Concentración de contratos: En el lapso de julio de 2024 a agosto de 2025, se detectaron 21 de estas compulsas irregulares. Las droguerías Profarma S.A. y Génesis S.A. concentraron la casi totalidad (93.11%) de las adjudicaciones por un valor total que supera los $30.337 millones.
·Aumentos exorbitantes: El caso del medicamento Macitentan 10 MG ilustra el sobreprecio: en apenas tres días hábiles, su precio unitario aumentó más del 1.900% respecto a una compulsa general previa, sin existir justificación técnica ni médica para tal incremento.
·Exclusión competitiva: La investigación documentó que, para el medicamento Burosumab 20 MG, las empresas Génesis y Profarma cobraron más de $40 millones en las compulsas restringidas, mientras que otros proveedores (como Soldist S.R.L. y Hemipharm S.R.L.) habían logrado adjudicaciones por $21 millones en procedimientos competitivos durante el mismo período.
La fiscalía concluye que la exclusión sistemática de oferentes con precios más bajos fue clave para asegurar los márgenes de ganancia indebidos a favor de las empresas coludidas.
