Expertos, académicos y referentes gremiales de la educación manifestaron una profunda preocupación ante el Senado de la Nación, alertando que las proyecciones presupuestarias del Poder Ejecutivo implican una reducción histórica y drástica de la inversión destinada al sistema educativo público. Las advertencias se realizaron en el marco de la reunión de la Comisión de Educación y Cultura.
Los ponentes señalaron que el capital proyectado para el sector se ubica por debajo de un punto del Producto Bruto Interno (PBI), un umbral considerado crítico. El sociólogo e investigador Leandro Bottinelli subrayó el contraste: la partida para el área de Educación se espera que represente solo el 0,75% del PBI en 2026, una cifra significativamente inferior al 1,41% registrado en 2023. Además, dentro del Presupuesto Nacional total, la porción asignada a Educación disminuiría del 7,25% (2023) al 5,2% (2026).
La propuesta gubernamental implicaría una reducción institucionalizada
La legisladora porteña y miembro del Colectivo Imaginar y Transformar, María Bielli, afirmó que la iniciativa del Gobierno busca "institucionalizar y consolidar la disminución a la mitad de los fondos que el Estado destina a la educación". Bielli aseguró que la retracción de recursos para la educación obligatoria supera el 70% a lo largo de los primeros dos años de la administración de Javier Milei.
Esta consolidación, según Bielli, radica en el artículo 30 del texto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional, que propone la derogación de artículos de leyes clave que actualmente garantizan parámetros mínimos de financiamiento educativo.
Recortes específicos y denuncias gremiales
Sonia Alesso, secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), agregó que el proyecto de Presupuesto 2026 directamente elimina las garantías de financiamiento para áreas cruciales como la educación técnica, la formación profesional, y la ciencia y tecnología. Alesso comparó la situación actual (0,68% del PBI) con el pico de inversión de 2015, que fue del 1,66% del PBI, y señaló el destino del dinero recortado: "Fue a parar para pagar intereses de la deuda externa".
La magnitud de los recortes específicos, según la legisladora Bielli, es alarmante:
·Becas estudiantiles: Una baja del 81%.
·Educación técnica: Una reducción del 56%.
·Universidades: Recorte del 30%.
·Formación docente: Disminución del 12%.
La única excepción reportada fue un incremento del 57% en el plan de alfabetización. Alesso añadió que se prevé un aumento del 0% para jardines de infantes, en un contexto donde "un millón de chicos necesitan becas para poder cumplir su escolaridad y no las consiguen".
El impacto en la calidad y los salarios docentes
Los representantes de los trabajadores cuestionaron duramente la política implementada. Daniel Ricci, secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), fue categórico al afirmar que la situación actual "no es una política de ajuste, es de destrucción".
En línea con esto, Patricia Rodríguez, secretaria gremial de SADOP, expuso el deterioro constante de los salarios y condiciones de trabajo, lo que afecta directamente la calidad de la enseñanza. Criticó la estrategia de ajuste fiscal del Gobierno, que se sostiene "al costo de dejar a los trabajadores afuera, desfinanciando el Estado e incumpliendo derechos conquistados".
La ex coordinadora del programa Conectar Igualdad, Laura Penacca, sumó una crítica al desmantelamiento de políticas tecnológicas. Penacca lamentó que el programa, que distribuía dispositivos a estudiantes, docentes y escuelas, "hoy es absolutamente inexistente" desde el inicio de la gestión actual, sin haberse distribuido ninguna computadora.
Finalmente, Sandra Torlucci, rectora de la Universidad Nacional de las Artes, ligó la falta de fondos a la calidad académica, advirtiendo que los docentes de las universidades públicas están renunciando a sus cargos porque sus remuneraciones "no les alcanzan ni para pagarse los viáticos".
