Una grave controversia sacude al Ministerio de Defensa por la presunta utilización de instalaciones militares de alta sensibilidad para fines comerciales privados. Se denuncia que, bajo la administración de Javier Milei, una parte del predio del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF) fue cedida para funcionar como un estacionamiento de pago para los asistentes al festival Quilmes Rock, celebrado en abril.

Militares y científicos han expresado su indignación, comparando el hecho con una hipotética cesión de bases de los Marines en Estados Unidos para un evento similar. CITEDEF, lindero a Tecnópolis, es un polo de desarrollo tecnológico crucial fundado en 1954, donde se custodia información confidencial y se desarrollan innovaciones estratégicas para la Defensa Nacional.

Según el testimonio anónimo de un miembro del instituto, el predio es una "zona restringida a la población civil" y su personal está sujeto a estrictas normas de confidencialidad, reglas que habrían sido totalmente ignoradas durante los días del festival musical.

La trama de la empresa privada y los vínculos con LLA

La habilitación del estacionamiento benefició a Pop Art, la productora del evento, que a su vez contrató a la empresa de tecnología y app de estacionamientos Seeker. Fuentes sindicales detallaron a la prensa que la cesión del terreno no fue un simple trámite: habría mediado una "orden directa" desde Casa Rosada hacia el Ministerio de Defensa para presionar al coronel (R) Fernando Roberto

Lloveras, presidente de CITEDEF, para que autorizara el uso.

Seeker, cuyos socios incluyen a Carlos y Gonzalo Morales, Bernardo Wengier y Juan Bocco, es el punto de mayor sospecha. En despachos militares se ha deslizado que la empresa o sus directivos podrían haber sido aportantes de La Libertad Avanza, sugiriendo un posible favoritismo político detrás de la maniobra comercial.

Denuncia por malversación y millonarios ingresos no reportados

El gremio de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) presentó una denuncia formal contra el ministro de Defensa, Luis Petri, por malversación de fondos públicos y uso indebido del predio.
Según la presentación sindical, la operación del parking habría generado ingresos por encima de los 80 millones de pesos, una cifra que no habría sido reportada ni justificada oficialmente. ATE también denuncia que las autoridades militares en CITEDEF han limitado la comunicación interna para silenciar la difusión de información sensible sobre el organismo.

Con la controversia ya en el ojo público, se espera que el caso sea un punto de consulta obligatorio para el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en sus próximas presentaciones ante el Congreso. Mientras tanto, se ha puesto en la mira a la Oficina Anticorrupción, de quien se aguarda una investigación formal sobre la cesión de la base militar para fines lucrativos, a cambio de una probable contraprestación económica.