El juez federal Sebastián Casanello admitió una denuncia por incumplimiento de deberes de funcionario público contra el presidente Javier Milei y otros funcionarios, a raíz de la demora en la implementación de la ley de emergencia en discapacidad. La presentación judicial fue realizada por los diputados Esteban Paulón y Mónica Fein.

El gobierno de Milei atraviesa una de sus mayores crisis, con múltiples tensiones en los ámbitos político y económico. El reciente revés en el Congreso, donde se rechazó el veto presidencial a la mencionada ley, obligó al Ejecutivo a promulgarla. Sin embargo, la falta de acción inmediata generó una fuerte confrontación. Las declaraciones del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien manifestó dudas sobre la disponibilidad de fondos, aceleraron la reacción de la oposición.

En respuesta a la inacción del gobierno, los legisladores Paulón y Fein presentaron la denuncia en Comodoro Py. Desde el oficialismo, la reacción fue inmediata, acusando a los diputados de “irresponsabilidad” y de poner en riesgo el equilibrio fiscal.

Un punto de debate central es el plazo que tiene el Poder Ejecutivo para promulgar una ley después de que el Congreso rechaza su veto. El diputado Daniel Arroyo, autor de la ley, opina que el gobierno tiene diez días hábiles para su promulgación, lo que significa que la medida debe entrar en vigor el próximo martes. Según Arroyo, en ese momento el Jefe de Gabinete debe transferir la partida presupuestaria y el interventor de la ANDIS debe actualizar el nomenclador.

En el texto de la denuncia, los demandantes argumentan que las etapas de promulgación y publicación ya se cumplieron con la votación en el Congreso, una vez que el veto presidencial fue superado. Paulón, en diálogo con un medio de comunicación, criticó la demora: “El Ejecutivo tuvo diez días para vetar, pero una vez que el Congreso insiste, la ley queda firme inmediatamente. Que ahora el Gobierno busque excusas para posponer su promulgación es un papelón”. La denuncia señala que, aunque no hay un plazo explícito, el tiempo para la publicación de una ley insistida no puede exceder los diez días que se le dan al Poder Ejecutivo para observarla.

Fuentes cercanas a la Casa Rosada expresaron su indignación ante la denuncia, calificando la acción de Paulón como una “vergüenza”. Afirmaron que el Ejecutivo tiene plazo hasta el martes para implementar la ley y que la denuncia “hace gastar recursos sin sentido al Poder Judicial cuando ni siquiera se cayeron los tiempos”.

El Contexto de la Emergencia Social

La situación de las personas con discapacidad, que ha sido respaldada por un amplio consenso político y social, representa un desafío para el gobierno. La pensión por invalidez laboral es de aproximadamente $294.194,02 pesos mensuales, sumando un bono. La denuncia enfatiza que, a pesar de las convenciones internacionales que obligan al Estado a actuar, la falta de implementación de la ley hace que la norma sea "letra muerta".

El gobierno defiende su posición argumentando que la oposición no consideró el financiamiento de la ley al momento de su redacción. Fuentes de la Casa Rosada señalaron que, según la ley de administración financiera, si una normativa con impacto presupuestario se aprueba a esta altura del año, se debe especificar de dónde saldrán los fondos.

“La oposición se preocupa ahora porque no está la plata, cuando no se ocupó de eso al momento de hacer la ley”, manifestaron.

Un Precedente Positivo en Formosa

En medio de esta controversia, se conoció una noticia alentadora desde la provincia de Formosa. Un amparo presentado por el Defensor del Pueblo provincial contra las irregularidades en las pensiones no contributivas (PNC) de la ANDIS fue aceptado. Como resultado, la provincia será la primera en reactivar las PNC que habían sido suspendidas.

Esta medida sienta un precedente importante, ya que la Defensoría General de la Nación ha instruido a las defensorías provinciales para que sigan un camino similar. Organizaciones como la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) y la Defensoría de la provincia de Buenos Aires ya se sumaron a la presentación judicial iniciada en Formosa. Aunque el Estado planea apelar, este fallo abre la puerta a la restitución de las PNC en el resto del país.