El Gobierno nacional dispuso esta semana el cierre de 32 Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC), dispositivos de la Sedronar que funcionaban en distintos barrios para asistir a personas con consumos problemáticos. La medida, justificada oficialmente por “irregularidades detectadas” en una auditoría interna, despertó un fuerte rechazo de trabajadores, organizaciones sociales y referentes del sector, que hablan de un vaciamiento deliberado del Estado en áreas críticas.

Los dispositivos clausurados eran gestionados de manera conjunta entre la Sedronar y asociaciones barriales con más de diez años de trayectoria. Desde las comunidades advierten que se trata de espacios insustituibles, donde miles de jóvenes encontraban contención y alternativas frente a la droga y la violencia. “Cerrar estas casas es dejar sin apoyo a quienes más lo necesitan. El recorte se concentró en los convenios con organizaciones sociales, no en los vinculados a iglesias”, señaló Fernanda Popolizio, psicóloga y referente de Casa Pueblo.

El malestar se expresó en una movilización frente al Ministerio de Salud, que conduce Mario Lugones, bajo la consigna “Cuidar las CAAC es cuidar la vida en los barrios”. Según denunciaron, en muchos casos la auditoría que sirvió de argumento para dar de baja los centros ni siquiera fue realizada de forma presencial. Para los trabajadores, el Gobierno desconoce que más de 300.000 jóvenes en el país necesitan atención por consumo problemático, una problemática que —de acuerdo a datos recientes de la Ciudad de Buenos Aires— creció 15 % en los barrios vulnerables durante el último año.

El recorte no se limita al cierre de los centros. Bajo la conducción de Roberto Moro, la Sedronar también modificó los criterios para financiar programas: los subsidios ya no podrán destinarse a pagar honorarios profesionales, como psicólogos o trabajadores sociales, y quedarán restringidos a la compra de alimentos o insumos. La decisión se suma a una tendencia de recortes que afecta la continuidad de políticas públicas que atravesaron distintos gobiernos.

Desde el ámbito político, también surgieron críticas. La diputada santafesina Varinia Drisun sostuvo que se trata de “un golpe mortal a las políticas de salud pública”. Remarcó que el abordaje de las adicciones requiere equipos capacitados y estables, algo que se debilita con la precarización de los trabajadores y la falta de financiamiento. En contraste, destacó la política provincial de Maximiliano Pullaro, que mantiene el financiamiento de instituciones a través de la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas (Aprecod) en articulación con el sistema de salud público santafesino.

La Iglesia ya había advertido meses atrás sobre los recortes en el área, al considerar que la retirada estatal “condena indirectamente a muchos jóvenes a la muerte”. La Conferencia Episcopal recordó que sus Hogares de Cristo cubren parte de la demanda que el Estado deja sin respuesta.

En los barrios populares, el impacto se siente de manera inmediata. Donde antes había un espacio para hablar, recibir asistencia, participar de talleres o simplemente encontrar un plato de comida, hoy hay portones cerrados. Para los vecinos, el ajuste no solo achica al Estado: también reduce las posibilidades de esperanza.