En la recta final del proceso judicial por la millonaria defraudación con planes sociales, los abogados de Pablo Sanz y Marcos Osuna buscaron despegar a sus defendidos de la figura de asociación ilícita, apuntando todas las responsabilidades hacia Ricardo Soiza, exfuncionario señalado como el administrador de la llamada “Caja Azul” y propietario del restaurante Faraón.

Durante los alegatos, Laura Giuliani, representante de Sanz, sostuvo que su cliente nunca obtuvo beneficios económicos de la maniobra y que hoy vive en condiciones precarias: “No se enriqueció, duerme en una pieza que le presta su padre”, afirmó. Además, cuestionó que la investigación no citara a declarar a referentes políticos ni a punteros barriales que, según su planteo, manejaban grandes sumas de dinero en efectivo: “No están todos los que tenían que estar. Hubo presiones en la sede de Rivadavia 44, pero esos actores no figuran en el banquillo”.

Por su parte, Juan Pablo Piombo, defensor de Osuna, describió a su patrocinado como un simple trabajador administrativo sin poder de decisión: “Era el informático de la oficina: arreglaba computadoras, cambiaba lamparitas y atendía al público”. Si bien reconoció que Osuna realizó extracciones y cobró cheques, aseguró que lo hizo bajo órdenes directas de Soiza. También denunció que su detención en julio de 2023 se usó como herramienta de presión contra los demás implicados.

El abogado remarcó que a Osuna se le imputan más de 9.300 hechos, cuando en realidad solo habría participado en cinco extracciones y en el cobro de 29 cheques. “Vive en una casa de 40 metros cuadrados, no posee bienes y fue sobrecargado en la causa”, señaló Piombo.

Giuliani, en tanto, mencionó al dirigente Luciano Palma como un actor clave en la estructura, presuntamente con mayor poder que Soiza, pero que nunca fue citado ni imputado: “Se habló de Palma, pero no está sentado acá. La Fiscalía debería explicar por qué”, cuestionó.

El proceso continuará este miércoles con el alegato de Alfredo Cury, abogado y a la vez defensor propio de Soiza. Luego, los acusados tendrán la posibilidad de dar sus últimas palabras antes de que el tribunal, integrado por los jueces Kees, Hermosilla y Guaita, establezca la fecha para el veredicto.