La investigación judicial por el fentanilo adulterado, que ha provocado casi un centenar de muertes, avanzó significativamente este lunes con una serie de allanamientos de alto perfil. Por orden del juez federal Ernesto Kreplak y la fiscal Laura Roteta, se realizaron siete operativos simultáneos en diferentes puntos, enfocados en la posible connivencia de organismos públicos en el caso.

Durante los procedimientos, el teléfono celular de Nélida Agustina Bisio, directora de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), fue confiscado. La investigación también apunta al Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) y al Ministerio de Salud, entidad que recientemente se retiró como querellante en la causa. A su vez, la titular del INAME, Gabriela Mantecón Fumadó, fue apartada de su cargo luego de que se sospechara de sus vínculos con el caso.

Negligencia y responsabilidad de los organismos públicos

La fiscal Roteta considera que estos organismos podrían haber actuado con "negligencia, connivencia o complicidad" en la supervisión de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., propiedad de Ariel García Furfaro. Los allanamientos buscan incautar teléfonos celulares y documentación que puedan servir como pruebas cruciales para determinar las responsabilidades por la falta de controles.

Mientras tanto, se sigue avanzando en la causa con la toma de declaraciones a los imputados y la definición de su situación procesal. Los investigadores continúan recopilando información sobre posibles nuevas víctimas. Sin embargo, la falta de datos precisos y la fragmentación de la información complican el avance de la investigación.