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Un paro total y por tiempo indefinido ha sido convocado por el gremio de Camioneros de Río Negro, lo que podría detener por completo las operaciones en los yacimientos de Vaca Muerta. La medida de fuerza, que comenzó hoy a las 6 de la mañana, es una respuesta directa al fracaso de las negociaciones entre los trabajadores, las operadoras petroleras y la empresa NRG Argentina. El sindicato responsabiliza a grandes compañías como Shell, Tecpetrol y Total por la crisis laboral.

La raíz del conflicto: deudas millonarias y despidos en NRG

La disputa se originó tras el despido de 640 empleados de NRG Argentina, una empresa proveedora de arenas de fractura que se encuentra en concurso de acreedores desde noviembre de 2024.

Según el sindicato, la deuda de la compañía con sus trabajadores asciende a 1.200 millones de pesos en salarios, aguinaldos e indemnizaciones impagos. La situación ha afectado directamente a unos 160 camioneros de la región de Río Negro.

Sin embargo, lo que precipitó el paro fue una propuesta de las empresas contratistas a los trabajadores despedidos. Las operadoras ofrecieron un acuerdo que solo reconocía el 20% de la deuda total, incluyendo una cláusula que les prohibía a los empleados realizar reclamos futuros o ser recontratados en los yacimientos. Gustavo Sol, secretario general del gremio, calificó esta oferta como una "maniobra vergonzosa" y un "intento de extorsionar a los trabajadores con migajas".

Acusación de "responsabilidad solidaria"

El sindicato argumenta que la responsabilidad de esta crisis no recae únicamente sobre NRG. Señalan a operadoras como Shell, Tecpetrol, Total y Phoenix como "solidariamente responsables" de la deuda. Según el gremio, estas compañías mantuvieron contratos con NRG durante los últimos cuatro años y, ahora, se niegan a aportar los fondos necesarios para saldar de forma justa la totalidad de la deuda.

El paro afectará toda la cuenca productiva de Vaca Muerta y se mantendrá hasta que haya una "respuesta concreta" de las empresas. El sindicato ha dejado clara su posición: no aceptarán acuerdos que ignoren los derechos de los 600 trabajadores despedidos.