El Gobierno Nacional está ejerciendo presión para detener el avance de varios proyectos de ley que, según su perspectiva, podrían desequilibrar las finanzas del Tesoro. Sin embargo, los gobernadores provinciales han dejado claro que no cederán y continuarán impulsando dos iniciativas clave que ya cuentan con media sanción del Senado: una relacionada con la distribución del fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y otra vinculada al reparto del impuesto a los combustibles líquidos.

En estos dos temas, los mandatarios provinciales han demostrado una unidad férrea y han manifestado que no están dispuestos a negociar con la administración central. Ambas propuestas fueron aprobadas en la Cámara Alta y esta semana comienzan a ser debatidas en las comisiones de la Cámara de Diputados.

Un gobernador del norte del país enfatizó la postura unificada: "Con lo que acordamos entre todos, seguimos todos. En los otros proyectos, cada uno actúa en función de su parecer", dando a entender que, si bien en otros asuntos pueden haber diferencias, en este punto se mantendrán firmes.

Revés legislativo y la estrategia del oficialismo

La última sesión en la Cámara de Diputados representó un duro golpe para el Gobierno, que vio cómo perdía aliados y acumulaba derrotas en la votación de varias iniciativas. La discusión por proyectos como la emergencia en pediatría y el refuerzo presupuestario para las universidades se traslada ahora al Senado, donde la influencia de los gobernadores es aún mayor. No obstante, en estos temas específicos, cada mandatario jugará sus propias cartas.

El desenlace en el Senado aún es incierto, aunque el oficialismo confía en el apoyo de los bloques "dialoguistas". El presidente Javier Milei, en su reciente cadena nacional, intentó acorralar a los legisladores con críticas, la ratificación de futuros vetos y el anuncio de nuevas iniciativas para limitar la aprobación de gastos adicionales por parte del Congreso.

Esta nueva pulseada legislativa se da en un escenario donde las alianzas ya están consolidadas y las estrategias políticas de cara a las elecciones legislativas de octubre empiezan a tomar fuerza.

En Córdoba, por ejemplo, donde se anticipa una polarización entre libertarios y el "cordobesismo", el gobernador Martín Llaryora ha elevado el tono de sus críticas al Gobierno Nacional.
Impacto fiscal de las leyes en debate

El economista Marcelo Capelo, del Ieral de la Fundación Mediterránea, ha analizado el impacto fiscal de las leyes ya aprobadas y las que están en camino. Estimó que el aumento de los haberes jubilatorios y el bono implicarían un gasto adicional del 0,32% del PIB para lo que resta del año, con un impacto anualizado del 0,79%. Por otro lado, la restitución del mecanismo automático de financiamiento a las cajas previsionales provinciales no transferidas representaría un 0,17% del PIB hasta fin de año y un 0,38% anual, un punto de interés para 13 gobernadores que aún tienen deudas pendientes de la ANSES.

La extensión de la moratoria previsional por dos años, la reducción de la edad de acceso de las mujeres a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y la eliminación de condicionantes para acceder a la PUAM sumarían un 0,09% extra del PIB por año. Asimismo, la declaración de la emergencia por discapacidad generaría un costo adicional del 0,16% del PIB hasta diciembre y un 0,39% anual.

Reclamos provinciales y la discusión por los ingresos

En cuanto a los dos proyectos impulsados por la totalidad de los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, el análisis de Capelo sugiere que la distribución del fondo de ATN implicaría un gasto extra del 0,02% del PIB en los últimos meses de 2025 y un costo anual estimado del 0,05%. Esto se debe a que el Gobierno Nacional debería ceder recursos que actualmente administra. Por su parte, la eliminación de ciertos fideicomisos y fondos para infraestructura, transporte y vivienda, financiados con parte del impuesto a los combustibles líquidos, implicaría que las provincias reciban el 57% del total, en lugar del 25% actual. Para la Nación, esto se traduciría en dejar de percibir el 0,08% del PIB hasta diciembre (0,16% anual).

Los gobernadores insisten en que han realizado ajustes incluso más drásticos que el Gobierno Nacional y que, simultáneamente, han tenido que asumir responsabilidades que antes correspondían a la administración central. Capelo señaló que en el primer trimestre de 2025, las erogaciones consolidadas de las provincias aumentaron un 16% en términos reales, superando el crecimiento de sus ingresos (8%).

El economista concluyó que "si en ese trimestre las provincias hubieran aumentado el gasto real como el gobierno nacional (3%), podrían haber logrado el mismo superávit, pero con una reducción del 41% en la recaudación de Ingresos Brutos o del 36% en la recaudación conjunta de Ingresos Brutos y Sellos. Se trata de oportunidades perdidas para reducir impuestos que difícilmente se vuelvan a dar a futuro, con el gasto creciendo a esta velocidad". La reducción impositiva es, sin duda, otro frente de batalla abierto en la agenda política actual.