La Justicia Federal de San Martín ha dictado un nuevo freno a la reestructuración del Estado impulsada por el gobierno de Javier Milei. Un recurso de amparo presentado por Pablo Martínez Carignano, exdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), fue admitido, buscando detener la disolución de este organismo vital, dispuesta por el Decreto 461/2025. Martínez Carignano sostiene que la medida representa un "retroceso peligroso" en la seguridad vial y vulnera derechos fundamentales protegidos por la Constitución Nacional.

La causa recayó en el Juzgado Federal N°2 de San Martín, el mismo que a mediados de julio ya había concedido una medida cautelar a favor del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA), suspendiendo por seis meses la reestructuración del área de transporte.

Con el patrocinio legal del abogado Federico Paruolo, Martínez Carignano solicitó que se declare la inconstitucionalidad del decreto presidencial. Su argumento se basa en que la normativa "viola el principio de legalidad y derechos como la vida, la salud, la circulación y la igualdad ante la ley", todos reconocidos tanto por la Constitución Nacional como por tratados internacionales de derechos humanos.

"Esto no es una reforma: es un retroceso brutal. La Justicia debe evitar el desastre", publicó Carignano en la red social X. En su presentación, advirtió que desmantelar la ANSV "multiplicará las muertes viales", afectará la coordinación federal del tránsito y desarticulará una política pública que ha salvado miles de vidas desde su creación. El exfuncionario recordó que la ANSV ha sido reconocida por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, y que logró una reducción del 30% en las muertes por siniestros viales desde su implementación, operando con presencia en las 23 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires.

El decreto, que cuenta con las firmas de Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el ministro de Economía Luis Caputo y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, también establece el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial. El Gobierno enmarca estas acciones dentro de su plan de reestructuración estatal.

Sin embargo, los críticos de la medida alertan que su aplicación dejaría a la población desprotegida ante un flagelo que, año tras año, se cobra más de 5.000 vidas en Argentina. Como prueba de la grave situación, solo en la última semana de julio, al menos 10 personas fallecieron en distintos accidentes en rutas de Río Negro y Santa Fe.

Paralelamente, Sergio Ruppel, presidente de la Fundación Profesional para el Transporte, ha expresado su preocupación, señalando que las rutas argentinas se encuentran en "emergencia total". Cuestionó cualquier intento del Estado de eludir sus responsabilidades en zonas donde la inversión privada no se justifica por la baja densidad poblacional, enfatizando que "el Estado no puede desentenderse".

Ahora, la jueza Martina Forns, quien ya falló a favor de los trabajadores viales semanas atrás, tiene en sus manos la decisión de otorgar o no la medida cautelar solicitada por Carignano. De hacerlo, se suspenderían los efectos del decreto hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión.

Si esta medida prospera, podría detener el desmantelamiento de la ANSV y abrir un debate más amplio sobre el rol fundamental del Estado en la prevención de siniestros viales. Un tema crucial en un país donde los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte en menores de 35 años.