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En el marco del Día Mundial de Lucha contra la Trata de Personas, que se conmemora este miércoles 30 de julio, la Fundación La Alameda ha emitido un alarmante informe que documenta el desmantelamiento de las políticas públicas contra la trata de personas en Argentina entre 2024 y 2025. La organización denuncia una pérdida del enfoque integral, la drástica caída de rescates, el vaciamiento de programas de asistencia y el avance impune de nuevas modalidades de este delito.

"Frente a un delito global en expansión, es urgente la reconstrucción institucional para proteger a las víctimas y frenar la impunidad", subraya José María Serbín, de la Fundación Alameda Corrientes.

A nivel mundial, la trata de personas muestra un repunte sostenido entre 2023 y 2024. Según el reciente informe global de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), tras un breve descenso por la pandemia, la cantidad de víctimas detectadas globalmente aumentó un 25% en 2022 respecto a las cifras prepandemia. El 38% de estas víctimas son menores de edad, principalmente niñas explotadas sexualmente y niños sometidos a trabajo forzoso o actividades criminales, lo que resalta la creciente vulnerabilidad infantil.

Mientras este "esclavitud moderna" avanza globalmente –con redes criminales que expanden su accionar al entorno digital y aumentan la explotación de mujeres, niños y colectivos vulnerables–, Argentina evidencia un preocupante retroceso en las políticas diseñadas para combatir este delito. La degradación de organismos especializados, la reducción de programas de asistencia a víctimas y la disminución drástica de denuncias y rescates, configuran un escenario alarmante que exige una respuesta urgente e integral.

Un consenso roto: deterioro institucional en Argentina

La Fundación Alameda cuestiona que, "a diferencia del contexto internacional -donde se insiste en enfoques integrales y articulados-, Argentina atraviesa un proceso preocupante de desmantelamiento de sus políticas estatales contra la trata de personas".

Durante casi 15 años, desde la sanción de la Ley 26.364 en 2008 y sus modificaciones, el país había logrado un consenso político transversal para enfrentar la trata con políticas serias y sostenidas, priorizando la asistencia a las víctimas y manteniéndola al margen de disputas partidarias. Sin embargo, a partir de diciembre de 2023, este consenso se quebró. En febrero de 2024, el Decreto de Necesidad y Urgencia 195/2024 modificó la estructura institucional, trasladando el Comité Ejecutivo y el Consejo Federal al ámbito del Ministerio de Seguridad.

"Esta medida vulneró el espíritu interministerial con el que fueron concebidos ambos espacios, pensados para articular acciones desde diversas áreas del Estado (Trabajo, Justicia, Desarrollo Social, Género, entre otras), evitando reducir la problemática a una visión meramente policial", explican desde Alameda.

Tras la disolución o absorción de varios ministerios a fines de 2023, el Comité Ejecutivo redujo su composición, perdiendo la mirada multidimensional que el abordaje de la trata requiere. Su funcionamiento se volvió irregular y discontinuo, con prolongados periodos sin reuniones formales ni toma de decisiones. La falta de transparencia y de información pública es otro indicador del abandono estatal.

El sitio web oficial del Comité Ejecutivo está desactualizado desde diciembre de 2024, y el Plan Bienal 2025-2026, obligatorio por ley, no ha sido publicado. Actualmente, no existe ningún plan nacional de acción vigente de acceso público. Las autoridades ofrecieron la "insólita explicación informal" de que el plan "está en proceso de aprobación", sin detalles ni plazos.

Además, el sitio sigue difundiendo programas de asistencia que ya no existen, como los planes “Reparar” y “Acompañar”, generando confusión. El Fondo de Asistencia Directa a Víctimas, eliminado en noviembre pasado, sigue mencionado como activo. La cuenta oficial del Comité Ejecutivo en X (antes Twitter) no registra actividad desde marzo de 2024. El Consejo Federal, que reúne a representantes de todas las provincias, también sufre esta parálisis, con su web sin actualizaciones desde 2023 y sin actas disponibles de sus asambleas.

"Toda esta opacidad vulnera principios fundamentales de la república: la publicidad de los actos de gobierno y el derecho al acceso a la información pública", remarca la Fundación.

Deterioro en la prevención y asistencia a víctimas

Otro retroceso significativo es la ausencia de campañas de sensibilización desde la asunción de la nueva gestión. Entre 2020 y 2023, se promovieron numerosas ordenanzas y convenios para difundir la línea nacional de denuncias 145 y concientizar sobre la trata. Incluso se logró un acuerdo con la AFA para difundir masivamente la línea 145 en partidos de fútbol, alcanzando a casi 12 millones de personas sin costo para el Estado. Todo ese esfuerzo ha sido interrumpido.

"Actualmente, el gobierno no impulsa nuevas campañas gráficas, radiales o televisivas, ni tiene presencia en vía pública. Por el contrario, se evidencia un virtual ocultamiento de la línea 145: ya no se emiten recordatorios ni información sobre cómo denunciar, lo que repercute directamente en la caída del número de denuncias recibidas", lamenta la Fundación. Convenios interinstitucionales vigentes no han sido reactivados, y no se ha promovido nueva legislación para difundir los canales de denuncia en espacios de alto tránsito. En síntesis, la prevención ha sido prácticamente desmantelada.

Las consecuencias más graves del abandono estatal se evidencian en el derrumbe de los sistemas de asistencia a las víctimas y en la fuerte caída de los rescates. Según datos oficiales, durante todo 2024 se rescataron 1.372 víctimas en Argentina; sin embargo, solo 400 de ellas recibieron algún tipo de ayuda inmediata.

Los programas de asistencia fueron diluidos, desactivados o directamente eliminados. A mediados de 2025, el gobierno nacional dio de baja los programas Restituir y Reparar, reemplazándolos por un único Programa Nacional de Restitución de Derechos a Víctimas de Trata bajo Capital Humano. Este nuevo programa contempla una ayuda equivalente a un salario mínimo por solo 3 meses, pero en la práctica, ninguna víctima ha cobrado aún esta prestación, y quienes intentan acceder no encuentran vía de ingreso al nuevo esquema. Toda asistencia económica nacional directa ha sido virtualmente eliminada.

El Programa Acompañar, que brindaba ingresos a mujeres en situación de violencia de género (muchas de ellas víctimas de trata), fue reducido y su ejecución es casi nula. El plan social Potenciar Trabajo, del cual muchas víctimas rescatadas participaban, fue eliminado y reemplazado por programas con alcances limitados que no las contemplan. Un salario mínimo, insuficiente para necesidades básicas, es lo máximo que podrían recibir. La ausencia de ingresos sostenidos condena a muchas víctimas al desamparo o la revictimización.

Programas de viviendas sociales para víctimas quedaron paralizados por recortes y la suspensión de obra pública. El único Centro Nacional de Refugios, transferido al Ministerio de Justicia, continúa infrautilizado y rechaza derivaciones. Proyectos para abrir refugios en el interior del país no avanzaron.

El Fondo Fiduciario Público (Ley 27.508), que indemnizaba a víctimas con bienes decomisados a tratantes, fue disuelto. Aunque se prometió "mejorar la administración", los pagos se paralizaron. A inicios de 2025, solo 56 víctimas habían sido indemnizadas desde 2021, con una cifra muy baja.

Nuevas formas de esclavitud y desafíos legales

A pesar del desarme institucional, la realidad de la trata en Argentina no se detiene. En 2024-2025, emergieron casos que evidencian nuevas formas de esclavitud mediadas por la tecnología y vacíos legales en el abordaje de organizaciones coercitivas.

·Se registró la primera sentencia judicial en Argentina por trata sexual cometida íntegramente a través de medios virtuales, confirmando la operación de redes de explotación sin contacto físico.

·Un tribunal condenó a 14 años de prisión a un hombre por grooming agravado, producción de pornografía infantil y abuso sexual, por captar a una menor mediante redes sociales.

·En mayo de 2025, la Policía de Seguridad Aeroportuaria desarticuló una red que captaba mujeres jóvenes para filmaciones pornográficas usando plataformas digitales, evidenciando el carácter transnacional del negocio. Estos hechos confirman que la "trata digital" es una realidad consolidada en el país.

En paralelo, salieron a la luz casos de explotación bajo cobijo institucional o sectario:

·En octubre de 2024, la justicia federal imputó a cuatro sacerdotes vinculados al Opus Dei por reducir a la servidumbre a 43 mujeres (captadas entre 12 y 16 años), obligándolas a trabajar sin salario como empleadas domésticas en residencias de la prelatura bajo control espiritual. La causa se amplió en julio de 2025, imputando incluso a un alto directivo global.

·En abril de 2025, fue capturado en Bariloche Konstantin Rudnev, líder de la secta rusa Ashram Shambalá, junto a otros 13 miembros, acusados de trata de personas, narcotráfico, abuso sexual, lavado de activos y manipulación psicológica.

·Ese mismo mes, la justicia federal porteña confirmó el procesamiento de 17 integrantes de la autodenominada “Escuela de Yoga de Buenos Aires”, por captar mujeres con discursos de autoayuda para explotarlas sexualmente con clientes poderosos.

La Fundación Alameda señala que "ambos casos demuestran que las sectas coercitivas han dejado de ser fenómenos marginales para convertirse en estructuras criminales complejas". La legislación argentina carece de una figura penal específica para estos grupos, lo que dificulta su enjuiciamiento.

En cuanto a la persecución penal clásica, las estadísticas muestran una leve disminución, posiblemente por la menor cantidad de denuncias y rescates. El U.S. Trafficking in Persons Report 2024 indica que el gobierno argentino procesó a 48 presuntos tratantes en 29 casos ese año. Desde 2009 hasta 2023, hubo 467 sentencias condenatorias por trata. Si bien esfuerzos aislados de fiscalías especializadas persisten, la fragmentación institucional y los recortes presupuestarios han obstaculizado la culminación exitosa de operativos.

Las víctimas rescatadas a menudo se niegan a testificar o ser "rescatadas" al comprobar que el Estado no les ofrece protección o sustento, un fenómeno que algunos fiscales comparan con situaciones de hace más de una década.

Conclusión: desprotección total

En conclusión, las víctimas de trata en Argentina enfrentan hoy un escenario de desprotección casi total, resultado de múltiples decisiones estatales que profundizan su vulnerabilidad.

"Todo esto refleja una regresión estructural en las políticas de asistencia a víctimas, que contradice las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino en materia de derechos humanos y lucha contra la trata", reflexiona la Fundación Alameda.