La Procuración del Tesoro Nacional se encuentra bajo una intensa lupa interna, en medio de un revés judicial que podría obligar al Estado argentino a ceder el 51% de las acciones de YPF. El gobierno de Javier Milei ha ordenado una investigación por presuntas "filtraciones" de información reservada y se prepara para una reestructuración profunda en la cúpula de sus abogados.

Aunque el actual procurador, Santiago Castro Videla, mantiene el respaldo presidencial y su remoción está descartada, fuentes oficiales confirmaron que habrá despidos de aquellos identificados como responsables de la fuga de datos sensibles. La purga interna, de hecho, ya estaría en marcha bajo el mando del propio Castro Videla. Designado en febrero tras la salida de Rodolfo Barra y con el impulso de Santiago Caputo, Castro Videla es una figura de confianza para el círculo presidencial, a pesar de haberse excusado de intervenir en la causa YPF por haber trabajado en el estudio de un jurista que colaboró con el fondo litigante Burford Capital.

El contexto de la polémica: un juicio millonario por YPF

La denuncia de filtraciones emerge en el punto más álgido de la batalla legal que enfrenta el Estado argentino por la estatización de YPF. Hace dos semanas, la jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, ordenó la transferencia del 51% de las acciones de la petrolera a los fondos Burford y Eton Park. Si bien la defensa del Estado apeló y logró una suspensión administrativa de la entrega, el temor a que la estrategia legal de los demandantes se haya nutrido de información privilegiada del Estado argentino es latente en la Procuración.

"No hay forma de saber para quién se filtró, pero es razonable pensar que fue para Burford", deslizaron fuentes cercanas a la investigación. Se sospecha que la información, que contendría detalles internos sobre la línea jurídica que Argentina planeaba seguir ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, habría salido de los despachos de la Procuración en los últimos meses. La revelación de estos datos habría fortalecido la posición de los litigantes en el tribunal neoyorquino, donde se discute uno de los fallos de mayor trascendencia para la historia financiera y jurídica del país.

Reorganización y preocupación por la defensa de activos estratégicos

A la investigación por las filtraciones se sumará una reorganización general de la Procuración del Tesoro, organismo que en el pasado estuvo a cargo de Carlos Zannini. La intención del Gobierno es reconfigurar su estructura interna y profesionalizar su planta, en línea con los criterios de "La Libertad Avanza" para otras áreas clave del Estado.

Si bien Castro Videla cuenta con el respaldo de la Casa Rosada, su auto-apartamiento del juicio de YPF ha dejado al país sin un abogado principal en una causa que podría sentar un precedente internacional sobre la responsabilidad de los Estados frente a los inversores. Dentro del Gobierno, la preocupación por la defensa jurídica de los activos estratégicos de la Nación crece, y aunque nadie lo expresa abiertamente, se habla de "interferencias" más profundas que podrían estar afectando la capacidad de respuesta del Estado.