Un grupo de relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha expresado su "seria preocupación" por el "deterioro grave de las libertades fundamentales y del espacio cívico en Argentina desde diciembre de 2023". La advertencia, dirigida al presidente Javier Milei y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, señala el accionar represivo del Gobierno contra las manifestaciones y la persecución a funcionarios judiciales que investigan estos hechos.
En una carta formal enviada el 12 de mayo, pero difundida la semana pasada ante la falta de respuesta, los funcionarios de la ONU detallaron su inquietud por la represión a la protesta pacífica desde la asunción del actual gobierno. La misiva destaca que las situaciones "alarmantes" se han intensificado tras la aprobación y aplicación del Protocolo Antipiquetes. Además de los episodios de represión y las acciones que atentan contra la libertad de protesta y expresión, los relatores pusieron el foco en lo que consideran un "ataque directo a la independencia judicial", citando denuncias de hostigamiento a jueces y fiscales que investigan el accionar represivo.
Tras dos meses de silencio, la Cancillería argentina solicitó recientemente una prórroga para responder a estas advertencias.
Denuncias de violaciones a Derechos Humanos
Según la información recopilada por la ONU, la actitud del Ejecutivo frente a las manifestaciones ha implicado "violaciones a la libertad de expresión, libertad de reunión pacífica y asociación, uso desproporcionado de la fuerza, de armas menos letales y de detenciones arbitrarias". También se mencionan "violencia y tratos crueles, inhumanos y degradantes en el contexto de detenciones arbitrarias, y acciones que impiden la independencia judicial y, por lo tanto, el acceso a la justicia".
Los relatores de la ONU recordaron en su misiva que "los Estados no solo tienen la obligación negativa de abstenerse de interferir indebidamente en los derechos de reunión pacífica y de asociación, sino también la obligación positiva de facilitar y proteger estos derechos de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos”.
Entre los firmantes de la carta se encuentran relatores especiales sobre la libertad de reunión pacífica, ejecuciones extrajudiciales, libertad de opinión y expresión, defensores de derechos humanos, independencia de magistrados y abogados, lucha contra el terrorismo, tortura, derechos de las personas mayores y detención arbitraria.
Tácticas represivas y hostigamiento judicial
El documento de la ONU resume algunas de las "tácticas disuasorias" observadas, como el bloqueo de ingresos a la Ciudad de Buenos Aires, el "encierro" de manifestantes, el despliegue "desproporcionado" de fuerzas de seguridad, el uso "permanente de armas menos letales" y gases, y la detención arbitraria de manifestantes, periodistas y fotoperiodistas con cargos "vagos".
Se hace especial hincapié en la represión a las manifestaciones de jubilados en las inmediaciones del Congreso, particularmente el incidente del 12 de marzo, donde el fotoperiodista Pablo Grillo sufrió un grave impacto de granada de gas lacrimógeno en la cabeza, requiriendo hospitalización. La ONU enfatiza que "los Estados tienen la obligación de adoptar medidas eficaces para proteger contra los ataques destinados a silenciar a quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión, incluyendo a los y las periodistas”.
Además, los relatores denunciaron episodios de persecución a jueces y fiscales que investigan a miembros de las fuerzas de seguridad o funcionarios por episodios represivos. Consideran esto como "un esfuerzo organizado y deliberado para hostigar y castigar a jueces en represalia por su labor judicial".
La jueza Karina Andrade, quien investiga las más de 100 detenciones durante la represión del 12 de marzo y liberó a los detenidos, llevó ante instancias internacionales el hostigamiento que sufrió por parte de funcionarios del Gobierno y del propio Presidente. Su denuncia fue unificada con otras ocho instancias del organismo que señalan un "patrón de hostigamiento estructural contra el Poder Judicial argentino".
Marco normativo y discursos hostiles
Los relatores contextualizaron la situación en el marco del 'protocolo antipiquetes' de Patricia Bullrich, el cual, según la ONU, "limita el derecho a la libertad de asamblea y reunión pacífica". También mencionaron el mega DNU que "derogaba varias leyes, avanzó con procesos de desregulación" y la Ley Bases, que implicó "modificaciones profundas en relación con múltiples derechos".
Finalmente, la ONU alertó sobre los "discursos hostiles de altos funcionarios" contra organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y manifestantes pacíficos. "Expresamos nuestra preocupación por la calificación política de las protestas por parte de las autoridades como actos de terrorismo o delitos contra la seguridad nacional", concluyeron los relatores.
