La saga legal por la expropiación de YPF en 2012 ingresó en una fase crítica. La jueza Loretta Preska, del distrito sur de Nueva York, ha dictaminado que Argentina debe transferir el 51% de las acciones de la petrolera a los acreedores, Burford Capital y Eton Capital, en un plazo perentorio de 14 días. Ante esta contundente medida, el Gobierno de Javier Milei ya confirmó que apelará la sentencia.

La condena impuesta a Argentina asciende a US$16.000 millones, cifra que, con los intereses acumulados desde 2012, ya se eleva a US$17.750 millones. Este monto sigue creciendo a razón de casi US$3 millones por día, con una tasa de interés anual fija del 5,42%.

Apertura a un acuerdo y posibles escenarios

A pesar de la dureza del fallo, los fondos demandantes han manifestado su disposición a negociar un acuerdo con el Estado argentino. Entre las opciones que se manejan, se incluye la posibilidad de una reducción del monto total o que el pago se efectúe mediante la entrega de bonos.

El presidente Milei, si bien ratificó la decisión de apelar, enfrenta una compleja encrucijada dado el avance del tiempo y el constante incremento de la deuda. Las alternativas que se evalúan en el Ejecutivo son diversas: desde una apelación que incluya una solicitud de suspensión de la orden de transferencia, hasta el inicio de una negociación directa con los acreedores.

Un análisis de Adcap detalla los tres caminos posibles para el Ejecutivo: acatar el fallo y ceder el control de YPF, apelar buscando suspender la ejecución antes del vencimiento del plazo, o buscar un acuerdo negociado para mitigar los costos y proteger la reputación financiera del país. El informe concluye que "sin una negociación significativa, no hay solución posible a este desafío legal. Prolongar el litigio solo genera incertidumbre y podría forzar una venta apresurada de YPF”.