Por: Gonzalo De la Sierra
Gerente General
Meopp ART Mutual

El sistema de riesgos del trabajo fue diseñado para brindar protección integral a los trabajadores frente a accidentes y enfermedades laborales, garantizando cobertura médica, rehabilitación, pago de salarios y compensaciones en caso de incapacidad. En términos generales, la arquitectura normativa vigente permite cumplir ese objetivo. Sin embargo, en la práctica, ese entramado se encuentra en peligro, erosionado por un circuito judicial que se ha ido deformando con el paso del tiempo y se fue distorsionado en su operatividad.

Uno de los aspectos más preocupantes es la designación y remuneración de los peritos médicos judiciales, cuya intervención se ha convertido en el epicentro de una creciente y preocupante litigiosidad.

Tal como lo establece la Ley 27.348, los peritos deberían integrar cuerpos médicos forenses, ser seleccionados por concurso y percibir honorarios fijos por su labor. Lejos de eso, hoy el mecanismo permite que cualquier profesional se inscriba en un listado, sin control de idoneidad, y que su remuneración dependa directamente del resultado económico del juicio en el que interviene. Es decir: del porcentaje de incapacidad que él mismo diagnostica.

Esto ha llevado a que, tanto la Superintendencia de riesgos del trabajo (SRT), como las ART estén realizando esfuerzos investigativos, algunos en instancias avanzadas, para desentramar posibles fraudes que están a la vista de todos. Por citar algunos ejemplos: reclamos de 92% de incapacidad por hernias con el trabajador prestando tareas de manera normal y habitual mientras se desarrolla el proceso. Incluso, hay varios casos donde inexplicablemente la sumatoria de la incapacidad reclamada supera el 100%.

Este sistema genera incentivos distorsivos de una gravedad institucional considerable. En lugar de garantizar imparcialidad, objetividad y rigor técnico, habilita una lógica en la cual mayores niveles de incapacidad asignada se traducen en mayores beneficios económicos para los peritos intervinientes. El conflicto de intereses es evidente, y sus consecuencias están a la vista: indemnizaciones desproporcionadas e irreales, dictámenes inconsistentes y un volumen de juicios que no se condice con la evolución real de los accidentes de trabajo.

Las cifras hablan por sí solas. Solo en este año se estima que se superarán los 132.000 juicios por riesgos del trabajo, un récord histórico que no puede explicarse únicamente por la conflictividad laboral. Detrás de ese número se esconde una cadena de incentivos económicos que desvía el espíritu del sistema: estudios jurídicos que promueven demandas con expectativa de altos retornos, peritos que maximizan evaluaciones, y un circuito que convierte la reparación del daño en una oportunidad de renta.

El impacto de esta situación no es abstracto. La creciente litigiosidad compromete la sostenibilidad financiera del sistema, encarece los costos laborales, desalienta la inversión y pone en riesgo la generación de empleo formal al mismo tiempo que pone en jaque la seguridad jurídica y competitividad de las provincias. Las ART se ven obligadas a destinar recursos crecientes a afrontar litigios en lugar de fortalecer los programas de prevención y mejora continua. Las empresas, en especial las pequeñas y medianas, enfrentan un entorno de creciente incertidumbre jurídica y económica. Y los trabajadores, paradójicamente, son los más perjudicados cuando el sistema pierde capacidad de respuesta ante los casos genuinos.

La solución no pasa por legislar más o nuevas normas, sino por aplicar lo que ya está vigente. La justicia debe conformar los cuerpos médicos forenses en un sistema abierto y transparente, garantizar que los peritos actúen con independencia técnica y que sus honorarios no estén condicionados al resultado del proceso. Solo así podrá restaurarse la confianza en un sistema que nació para proteger a muchos y no para enriquecer a unos pocos.

Es tiempo de poner fin a estas prácticas que desvirtúan la esencia del sistema de riesgos del trabajo. Porque cuando los mecanismos de control fallan, y se transforma en negocio lo que debiera ser un resguardo, el daño ya no es individual: es estructural.