La nueva movilización de los jubilados coincidirá con la sesión de la Cámara de Diputados en la que el oficialismo buscará aprobar el DNU que lo hablita a cerrar un acuerdo con el FMI. La queja más resonante es que no se conoció ningún detalle de los términos del arreglo: ni monto, ni plazo, en particular.

El Gobierno nacional modificará su estrategia de seguridad en la marcha de jubilados prevista para este miércoles y no aplicará el protocolo antipiquetes. Según trascendió, las fuerzas federales se ubicarán detrás del vallado dispuesto en las inmediaciones del Congreso y evitarán el contacto directo con los manifestantes. “Las calles van a estar cortadas.

Se va a avanzar con un esquema de prevención”, señalaron fuentes oficiales.

La Casa Rosada informó que reforzará los controles en los accesos ferroviarios y viales a la Ciudad de Buenos Aires. Para ello, contará con la participación de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y un comando unificado que coordinará a Gendarmería, la Policía Federal, Prefectura y la Policía Aeroportuaria.

En Balcarce 50 descartan la presencia de barrasbravas y buscan evitar incidentes como el ocurrido con el periodista Pablo Grillo, quien sufrió una fractura de cráneo tras el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno disparado por la Policía Federal. “Es como en el primero de marzo, se cierran los accesos con vallas y se aísla a los manifestantes”, agregaron en el oficialismo.

El Ejecutivo aseguró que reprimirá a quienes intenten derribar las vallas y que, en caso de enfrentamientos, utilizará camiones hidrantes para dispersar la movilización.
Ayer, martes, la Casa Rosada realizó una cumbre de seguridad encabezada por el asesor presidencial Santiago Caputo, con la participación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el secretario de Inteligencia del Estado (SIDE), Sergio Neiffert; y el jefe de operaciones de Inteligencia, Diego Kravetz. La reunión, que comenzó a las 11 y finalizó a las 12:40 en el despacho del consultor en Balcarce 50, contó también con la presencia del viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, y el secretario de Transporte, Frango Mogetta.

Desde el Gobierno indicaron que analizaron la situación y definieron un esquema para “reaccionar a la violencia”. El operativo de seguridad contará con más de 1000 agentes federales que trabajarán en conjunto con la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Además, se informó que serán detenidas todas las personas que “incurran en conductas que afecten la seguridad”, con respaldo en el artículo 94 del Código Penal.

El Ejecutivo no prevé la participación de manifestantes extranjeros en la protesta y sostiene que la coordinación con la SIDE se debe al “adelanto de información que puedan brindar”. En ese sentido, recuerda que la Ley de Inteligencia (25.520) prohíbe que la central opere dentro del país, salvo en casos de amenazas externas, como el accionar de organizaciones terroristas.