Andrés Vázquez compró tres inmuebles en Miami por US$2 millones a través de sociedades y no las declaró en la Oficina Anticorrupción.

El jefe de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Edgardo Vázquez, compró tres inmuebles en Estados Unidos por más de 2 millones de dólares. Según se dio a conocer, lo hizo a través de sociedades del exterior que nunca consignó en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción (OA).

Los documentos contables, societarios y bancarios fueron difundidos por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), con el apoyo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés).

Este funcionario recientemente promovido como jefe de la Dirección General Impositiva (DGI), el organismo que tiene la obligación de controlar que todos los argentinos paguen sus impuestos, administra dos de las propiedades adquiridas en el estado de Florida mediante un complejo entramado de sociedades offshore que continúa activo. 

Según la investigación, Vázquez, que fue designado en octubre pasado, administra dos de esas propiedades –la tercera la vendió– a través de empresas en las que tiene participación accionaria desde hace 12 años. Esto abarca una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) que, a su vez, es controlante de otras dos compañías constituidas en Panamá. Estas empresas fueron las que adquirieron la propiedad de los inmuebles ubicados en Miami.

Esta no sería la primera vez Vázquez está involucrado en operaciones en paraísos fiscales. En 2011 afrontó una denuncia ya que desde noviembre de 2004 habría controlado junto a su hermana Silvia Mónica Vázquez una cuenta bancaria en el ING Bank NV de la isla de Curazao por US$442.113. Luego, en 2006, esos fondos los habría remitido a una cuenta en el BNP Paribas de Luxemburgo.

En aquella ocasión, Vázquez no lo había informado al fisco argentino y debió sobrellevar una investigación penal, de la que fue sobreseído en 2022 por el juez federal Ariel Lijo, ya que no obtuvo respuesta de Luxemburgo, Países Bajos o Curazao para verificar la existencia de esas cuentas.

Los funcionarios de la categoría de Vázquez, por la Ley de Ética Pública, están obligados a presentar ante la OA una declaración jurada de todos sus bienes inmuebles y muebles, además de participaciones accionarias (incluidos los de su cónyuge).

Ese informe se actualiza año a año y es de acceso público. Omitir información se lo considera como delito de “omisión maliciosa”, establecido en el artículo 268 del Código Penal. Las penas incluyen la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y puede derivar en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.