Los hospitales funcionan con guardias mínimas, centros asistenciales con atención restringida, organismos de jubilados sólo trabajan emergencias, y otros servicios como recolección de residuos y barrido de calles se ven afectados por la medida de fuerza.

Un comunicado de prensa señala que “El paro de 24 horas de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) que comenzó pasada la medianoche ya alcanza un 95% de adhesión en todo el país en rechazo a las políticas de ajuste del Gobierno, el intento de desguace y privatización del Estado, al proyecto de Ley Ómnibus y al mega DNU”.

“Estos niveles de adhesión se corresponden con la afectación grave que están sufriendo todos los derechos adquiridos de los estatales. La contundencia de la medida podía anticiparse a partir de la alta participación en las asambleas que se realizaron en todos los ministerios. No hay dudas que a partir del mediodía las movilizaciones van a ser multitudinarias en todo el país”, aseguró el Secretario General del sindicato, Rodolfo Aguiar.

El dirigente también se refirió a lo sucedido durante la tarde del martes, cuando un helicóptero de la Policía Federal sobrevoló por media hora sobre la sede nacional del sindicato: “A pesar de las amenazas e intento de intimidación que sufrimos hasta última hora, no van a detenernos en nuestro derecho constitucional de protesta”.

A esta hora, la Administración Pública Nacional, las provinciales y municipales se encuentran paralizadas, los hospitales funcionan con guardias mínimas y los organismos de atención a jubilados (como PAMI y ANSES) sólo atienden emergencias. En tanto, otros servicios como la recolección de residuos, el barrido de las calles o el mantenimiento de espacios verdes también se ven afectados por la medida de fuerza.

El sindicato reclama por la reincorporación inmediata de todos los trabajadores despedidos sin justa causa, y la urgente reapertura de las paritarias con incrementos que superen la inflación, además del pase a Planta Permanente de los trabajadores precarizados. Además, exige la anulación de los DNU 70/23 y 84/23, y el rechazo en el Congreso a la Ley Ómnibus, especialmente a los artículos de privatización y desguace del Estado.