La medida tendrá alcance nacional e incluirá asambleas, paros y manifestaciones. “El retroceso institucional es tan grave que de un plumazo nos devuelven a 1976”, sentenció Rodolfo Aguiar. “Si mediante un decreto se pretende reemplazar las funciones del Congreso que está plenamente habilitado para sesionar, lo que está en riesgo es la Democracia”, señaló.

“No nos corresponde a nosotros evaluar si pasaron sólo 12 días desde que el Gobierno asumió, ni tampoco el mayor o menor apoyo popular que éste tenga. Eso corresponderá a los analistas políticos. Somos un sindicato y tenemos que defender los derechos de los trabajadores que representamos. Hasta ahora no hemos escuchado una sola medida en favor de los trabajadores y jubilados”, exclamó Aguiar.

“Es una barbaridad lo que nos proponen. Milei habla de abrir la economía y multiplicar la inflación. Multiplicando la inflación lo único que van a hacer es multiplicar la pobreza”, disparó el dirigente estatal.

En referencia al Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 firmado por el presidente Javier Milei, señaló: “El retroceso institucional que configura el DNU del Presidente es tan grave que de un plumazo nos devuelve a 1976. Se intenta instaurar en el país nuevamente el programa económico de la última Dictadura Militar”.

“Quedó claro que no se cumplen los extremos que justifiquen la emisión de un decreto de esta naturaleza. No hay ninguna necesidad ni urgencia para pretender derogar y modificar más de 300 leyes. La única urgencia es profundizar la concentración económica de las grandes empresas, transfiriéndoles los recursos desde los trabajadores, jubilados y sectores populares, y la necesidad es la que tiene Milei de complacer a sus mandantes”, describió Aguiar.

Aguiar enumeró también las medidas adoptadas desde ATE en los últimos días como respuesta a las recientes medidas del Gobierno: “Hemos decidido enfrentar este decretazo en tres planos. En el Poder Legislativo, solicitando reuniones con todas las fuerzas que tengan representación parlamentaria. En el Poder Judicial hemos presentado un amparo para que mediante una medida cautelar se suspendan sus efectos. Pero ninguno de estos dos casos depende de nosotros. Es más, no existe un juez o fiscal que se anime a actuar de oficio. Todos se están declarando incompetentes. Dan vergüenza. Se les nota mucho que reciben instrucciones desde la Casa Rosada. Por eso hoy nos toca salir a las calles”.

“Son tiempos de derribar algunos mitos. Plata hay, lo que pasa es que la tienen los que siempre la tuvieron y quieren acaparar más. Basta con analizar los balances de las grandes empresas para saber que son los únicos que incrementaron sus ganancias hasta triplicando la inflación”, evaluó el Secretario General de ATE.

Aguiar sostuvo que “lo que pretende este DNU es moldear un Estado que esté sólo al servicio de los principales grupos económicos” y explicó: “Con asombro, hemos escuchado declarar a Asociación Empresaria Argentina (AEA) que luego del inicio del Gobierno tienen esperanza. No nos sorprende que sean los únicos esperanzados en el país. Quieren volverse más multimillonarios de lo que siempre fueron a costa del sacrificio de todo el pueblo argentino”.

“El Presidente nos dijo que después del decreto van a venir más medidas. Nosotros le respondemos que si van a haber más medidas, también van a haber más luchas. Todas las que sean necesarias hasta poder frenarlo a él y al desquicio de sus políticas”, indicó Rodolfo Aguiar y concluyó: “Nos negamos a encomendarnos a las fuerzas del cielo. Preferimos encomendarnos a la fuerza de los trabajadores porque es la única que más temprano que tarde nos permitirá recuperar todos nuestros derechos”.

ATE participó del amparo que fue presentado en conjunto con el Observatorio por el Derecho a la Ciudad, la CTA Autónoma, Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y el Movimiento La Ciudad Somos los que la Habitamos. El mismo exige se suspendan los efectos del decreto por:

• Violar la Constitución de la Nación Argentina (arts. 29, 33, 36, 76; art. 75, incisos 18 y 19, art. 99, inciso 3);

• Constituir el ejercicio de facultades extraordinarias y facultades equivalentes a la suma del poder público;

• Constituir una desviación de poder y un abuso de derecho público;

• Violar el principio republicano, la división de poderes, la democracia, el principio de reserva de ley y los derechos colectivos de la ciudadanía argentina a la participación en la dirección de los asuntos públicos directamente o a través de sus representantes.