Un exespecialista de la PIAP advirtió sobre el peligro inminente de contaminación por la parálisis de las instalaciones. Aseguran que hay toneladas de amoníaco y potasio metálico a metros del río sin un contrato de mantenimiento vigente.
El fantasma de una catástrofe ambiental y operativa sobrevuela las costas del río Limay. El Ministerio Público Fiscal recibió una denuncia penal formal que pone el foco sobre el crítico estado de abandono y desinversión en el que se encuentra la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), ubicada en la localidad de Arroyito. La histórica megaestructura, considerada en su momento una joya del plan nuclear argentino, arrastra una parálisis productiva desde 2017 y ahora enfrenta su escenario más complejo.
La señal de alarma pública la encendió Aldo Héctor Villavicencio, técnico bioquímico jubilado de la propia planta, quien detalló los riesgos químicos latentes si los sistemas de control colapsan definitivamente. El eje del conflicto no es solo el paso del tiempo, sino un quiebre administrativo clave: el pasado 31 de octubre de 2025 venció el contrato de mantenimiento que vinculaba a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CONEA) —dueña de los activos— con la firma operadora ENSI. Desde esa fecha, el organismo nacional no renovó el vínculo ni definió el destino del complejo, dejando las tareas mínimas de conservación exclusivamente bajo el financiamiento y esfuerzo propio de la empresa operadora para evitar un desastre.
Una mole diseñada para un plan nuclear que no fue
La PIAP fue concebida bajo una infraestructura de proporciones gigantescas debido a que las proyecciones energéticas de la década de 1980 estimaban que la Argentina contaría con diez centrales nucleares en marcha antes de la llegada del nuevo milenio. El complejo se especializaba en extraer un kilogramo de agua pesada —insumo refrigerante crítico para reactores que utilizan uranio natural, como Atucha y Embalse— por cada diez toneladas de caudal procesadas desde el río Limay.
Con el congelamiento de los proyectos atómicos, la planta fue reduciendo su actividad hasta quedar en un limbo técnico que hoy amenaza de forma directa los recursos naturales de la región.
El peligro oculto: amoníaco y metales altamente reactivos
De acuerdo a lo expresado por Villavicencio en sede judicial y en declaraciones radiales, el verdadero peligro para las comunidades ribereñas reside en el volumen y la peligrosidad de los insumos químicos que permanecen confinados en las estructuras:
Esferas de amoníaco: Se almacenan toneladas de esta sustancia en estados líquido y gaseoso dentro de contenedores de acero. Un fallo estructural liberaría gases altamente tóxicos a la atmósfera.
Potasio metálico y amiduro de potasio: Se trata de elementos químicos con un nivel de reactividad extremo. El potasio metálico genera combustión espontánea y se inflama con la mera presencia de humedad ambiental, razón por la cual exige estar sumergido constantemente en querosén o bajo atmósferas controladas de gases inertes.
El avance de la corrosión y la amenaza sobre el agua
Sin un flujo de fondos garantizado para la inspección de válvulas, cañerías y sistemas eléctricos, los especialistas advierten que los procesos de oxidación y fisuras en los metales se volverán incontrolables.
Ante eventuales fugas, los componentes químicos peligrosos no solo contaminarían el aire circundante, sino que drenarían de forma directa hacia los canales de descarga de residuos líquidos que conectan con el Limay, afectando la principal fuente de agua potable y desarrollo de la provincia. “El agua del río Limay para nosotros es nuestra vida. Nada más y nada menos que eso“, concluyó con crudeza el exoperario, sintetizando el reclamo que ahora deberá investigar la Justicia.
