Alejandro Comiso asumió su responsabilidad penal por montar una empresa constructora fantasma que cobraba adelantos en dólares y abandonaba las obras. El fraude supera los 244 mil dólares y los 20 millones de pesos. Su cómplice recibió tres años de ejecución condicional.
Tras la homologación del acuerdo parcial de responsabilidad por parte del magistrado interviniente, el fiscal de la causa, Juan Narváez —quien trabajó junto a la asistente letrada Agustina Jara y la agente Aylynne Mora Marcos—, anticipó de forma tajante que durante la próxima audiencia de cesura solicitará una pena de cumplimiento efectivo en prisión.
Oficinas céntricas y catálogos: la ingeniería del engaño
La investigación penal demostró que los acusados habían diseñado una fachada comercial sólida y sofisticada con el único propósito de captar los ahorros de potenciales compradores. Para generar una falsa sensación de solvencia, la organización disponía de locales de atención al público en puntos neurálgicos de la capital neuquina (operando sucesivamente en las calles Rivadavia 340, J.J. Lastra 1200 y Pampa 355), además de una sucursal activa en la localidad bonaerense de Bahía Blanca.
El anzuelo consistía en la oferta de contratos llave en mano para la edificación de viviendas industrializadas mediante tecnologías modernas como Steel Framing y Wood Framing, sumado a la supuesta comercialización de lotes en Neuquén, Plottier y Centenario. Los clientes se topaban con oficinas equipadas, personal administrativo en funciones, acopio visible de materiales y folletería con fotografías de inmuebles supuestamente finalizados por la firma.
Entregas del 70% y promesas rotas
La maniobra delictiva se ejecutaba una vez que los damnificados firmaban los respectivos convenios. De acuerdo a las pericias financieras, las víctimas desembolsaban adelantos de dinero sumamente elevados que, en reiteradas oportunidades, alcanzaban el 70 por ciento del valor total presupuestado para la obra, sumando luego cuotas mensuales y transferencias electrónicas.
A partir de ese momento, las construcciones entraban en un terreno de parálisis absoluta o mostraban avances insignificantes. Ante las insistentes quejas de los compradores por los plazos vencidos, los directivos de la empresa dilataban las respuestas interponiendo excusas de diversa índole, tales como:
Supuestos problemas de salud personales.
Complicaciones operativas arrastradas desde la pandemia.
Desabastecimiento generalizado de insumos en el mercado.
Finalmente, los imputados desmantelaban las locaciones comerciales, daban de baja las líneas de comunicación y desaparecían sin dejar rastros. Las auditorías contables incorporadas al expediente judicial arrojaron luz sobre el destino de los fondos: el dinero nunca se inyectó en los proyectos habitacionales, sino que fue desviado por los imputados para saldar deudas particulares previas, financiar consumos personales y solventar gastos corrientes de su vida diaria.
Un desfalco de dimensiones históricas
El relevamiento de los perjuicios económicos convalidados en la sala de audiencias arrojó un saldo global escalofriante para la escala regional: 244.937 dólares y 20.523.248,58 pesos.
En paralelo a la situación de Alejandro Comiso, el tribunal resolvió la situación procesal de Bernardo Comiso mediante la aplicación de un acuerdo pleno. Este último fue condenado a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional tras comprobarse su autoría en 11 hechos de estafa genérica. Para conservar el beneficio de la libertad, el sentenciado deberá someterse de manera estricta a un régimen de pautas de conducta por el mismo lapso, que incluye la fijación de domicilio permanente, el control del Instituto de Asistencia de Presos Liberados y la realización obligatoria de 288 horas de labores comunitarias sin remuneración.
