Una investigación de Asuntos Internos habría puesto bajo la lupa al comisario mayor Enrique Alfaro por presuntas irregularidades en la gestión de servicios en San Martín y Junín de los Andes. Se estima que más de 50 millones de pesos no fueron liquidados a los efectivos que prestaron funciones.
Un informe publicado este martes por Realidad Sanmartinense, medio digital del sur provincial, señala que se habría iniciado un investigación administrativa, hace algunas semanas por el área de Asuntos Internos —bajo la supervisión de un Comisario General—, que sacó a la luz un presunto esquema de corrupción y enriquecimiento ilícito vinculado a la gestión de los servicios adicionales.
En el centro de las sospechas se encuentra el comisario mayor Enrique Alfaro, quien tenía a su cargo la responsabilidad de administrar y asignar estos operativos en las localidades de San Martín de los Andes y Junín de los Andes.
La clave: la centralización del manejo
Según fuentes consultadas por RSM, el mecanismo bajo sospecha se habría consolidado poco después de que Alfaro asumiera sus funciones. El comisario habría trasladado la oficina encargada de la gestión de los adicionales directamente a su despacho en Junín, concentrando de manera exclusiva la firma y el control de los servicios.
Esta maniobra permitió, presuntamente, eludir los controles habituales y facilitó lo que hoy se investiga como un desvío sistemático de fondos. Mientras los eventos privados y públicos contrataban la seguridad policial, los pagos, en muchos casos, no llegaban a quienes debían recibirlos: los agentes en terreno.
No obstante, cabe recordar que hay reclamos permanentes por el pago de las adicionales. Uniformados aseguran que hay demoras de hasta 5 meses para recibir el dinero aunque se ha buscado reducir ese lapso.
"Facturaban, pero a nosotros no nos llegaba un peso"
El impacto más directo de este posible fraude lo sufren los efectivos policiales. Diversos testimonios recabados por este medio coinciden en un relato preocupante: agentes que cumplieron jornadas extenuantes sin recibir la compensación económica correspondiente.
"Se facturaba, pero a nosotros no nos llegaba un peso. Se nos recargaba con horas, pero lo lamentable es que jamás vimos un solo peso. No se trata solo del jefe, sino de otros jefes que sabían que esto ocurría y hasta el momento nada hicieron", denunció un integrante de la fuerza bajo condición de anonimato, por temor a represalias.
Los oficiales detallaron situaciones precarias, como el evento del cantante Luck Ra en la Costanera del Lago Lácar, donde aseguran que, tras jornadas de más de 10 horas de servicio, ni siquiera se proveyó una vianda para el personal.
Eventos bajo la lupa
Aunque las cifras oficiales aún no han sido reveladas, estimaciones extraoficiales sugieren que, desde noviembre del año pasado a la fecha, los contratos por servicios adicionales que no habrían sido liquidados a los efectivos superan los 50 millones de pesos.
La lista de operativos bajo investigación incluye eventos de alta convocatoria y servicios en zonas privadas:
Deportivos y megaeventos: El Gran Fondo 7 Lagos (que contó con la presencia de Lionel Scaloni y Pablo Aimar), la última edición de Patagonia Run y el show de
Luck Ra en la Costanera del Lago Lácar.
Ocio y turismo: Las distintas ediciones de las "Fiestas Cherry".
Seguridad privada y territorial: Operativos en Cerrito Piñón, controles en la Ruta 63 y servicios prestados en estancias vinculadas al empresario Francisco de Narváez.
Desde la fuerza, algunos efectivos señalaron con indignación la disparidad entre la exigencia y la paga: "Muchos de estos operativos que se cobraban no terminaban abonándose porque se nos decía que como estaba el gobernador se debía cubrir. Sin embargo, Figueroa estuvo, por ejemplo en el evento de la Costanera del Lago Lácar, 30 minutos y nosotros debimos cubrir más de 10 horas. Estamos hablando de un evento que se pagó 7 millones de pesos".
Incertidumbre y expectativa
La investigación administrativa de Asuntos Internos no solo apunta contra Alfaro, sino que también busca determinar si hubo alguna complicidad de otros jefes locales que habrían tenido conocimiento de estas maniobras. Hasta el momento, el destino final de los fondos recaudados sigue siendo un misterio.
Dentro de la institución, el clima es de creciente preocupación. Los efectivos esperan que el caso escale a la órbita judicial en las próximas semanas, lo que podría derivar en un cambio profundo en la dinámica de contratación y cobro de adicionales dentro de la Policía de Neuquén. Mientras tanto, el miedo a las represalias internas mantiene el silencio entre quienes fueron testigos de lo que ya se cataloga, puertas adentro, como un escándalo sin precedentes.
