A menos de cuatro años del violento episodio que conmocionó a San Martín de los Andes, la Justicia resolvió otorgar la libertad condicional a Pedro Jofré. El exmilitante estatal, que fue condenado por abrir fuego contra una multitud y trabajadores de prensa durante una protesta gremial en julio de 2022, abandonó el régimen de reclusión efectiva el pasado 13 de abril.

El camino hacia la condicional

Jofré cumplía una condena de 8 años de prisión por tentativa de homicidio agravado, portación ilegal de arma y encubrimiento. Su acceso a la libertad anticipada se vio acelerado por diversos mecanismos previstos en la Ley de Ejecución Penal:

Régimen progresivo: Tras su ingreso al penal en 2023, el condenado fue obteniendo beneficios graduales, que comenzaron con salidas transitorias de 12 horas cada dos meses durante 2025.

Reducción de pena: El cómputo de su condena se vio beneficiado por actividades y capacitaciones realizadas dentro del establecimiento carcelario, lo que le permitió alcanzar el tiempo mínimo exigido por la ley antes de lo previsto.

Restricciones vigentes

A pesar de su libertad, la jueza de ejecución impuso condiciones específicas para garantizar la seguridad de los involucrados:

Destierro local: Jofré tiene terminantemente prohibido el ingreso a la ciudad de San Martín de los Andes.

Prohibición de contacto: No podrá acercarse ni establecer comunicación con ninguna de las víctimas del ataque.

Un ataque registrado por sus víctimas

El caso cobró relevancia internacional debido a la crudeza de las pruebas. Aquel 29 de julio de 2022, mientras los estatales de ATE se manifestaban, Jofré disparó contra la multitud, hiriendo gravemente a la empleada municipal Elena Cabeza.

Entre sus blancos estuvieron también los reporteros gráficos Federico Soto y Patricio Rodríguez. Soto, en un acto de profesionalismo extremo, logró fotografiar a Jofré en el momento exacto en que le apuntaba con el arma; esa imagen fue el pilar fundamental que permitió la identificación y posterior condena del agresor.

La resolución judicial reaviva la polémica y el descontento en los sectores afectados, quienes cuestionan la flexibilidad del sistema ante hechos de violencia institucional y ataques directos contra la libertad de prensa y la integridad física de los trabajadores.