En una sentencia que marca un precedente clave sobre la responsabilidad civil en el entorno digital, la Justicia de La Rioja condenó a una mujer a resarcir a su expareja con una suma cercana a los $4.000.000 más intereses. El fallo castiga una campaña de hostigamiento y desprestigio iniciada tras la ruptura de la relación en 2019.

El anonimato no garantiza impunidad

Uno de los puntos más disruptivos del fallo es cómo se determinó la culpabilidad. A falta de pericias informáticas complejas, el tribunal utilizó el criterio de prueba indiciaria:

·Patrones de escritura: Se detectaron coincidencias exactas en el lenguaje y estilo entre los perfiles anónimos y la cuenta personal de la demandada.

·Información sensible: El uso de datos íntimos que solo alguien del círculo cercano podía conocer vinculó directamente a la mujer con las cuentas falsas.

Consecuencias profesionales y personales

La víctima, un efectivo de la fuerza policial, sufrió daños que excedieron lo emocional. Las publicaciones —que incluían descalificaciones discriminatorias y falsas acusaciones sobre su salud— derivaron en la apertura de un sumario administrativo. Esto provocó el estancamiento de su carrera, impidiéndole acceder a ascensos durante el tiempo que duró el conflicto.

Por otro lado, la Justicia valoró que las denuncias por violencia de género que la mujer había radicado previamente contra el policía fueron desestimadas por falta de sustento probatorio, lo que reforzó la teoría de una maniobra de hostigamiento sistemático.

Un precedente sobre el honor y la libertad de expresión

El fallo, patrocinado por los abogados Celeste Maidana y Pablo Arrieta, subraya que la libertad de expresión encuentra su límite cuando se vulnera el derecho al honor de terceros.
Impacto económico: Aunque el monto base se fijó en $4 millones con valores de 2020, la actualización por intereses tras seis años de litigio elevará la cifra final de manera considerable.

Esta resolución abre la puerta a que situaciones similares —donde se utilicen redes sociales para calumnias, injurias o falsas denuncias— encuentren una respuesta económica y legal efectiva, desmitificando la idea de que lo que se publica en internet no tiene consecuencias en la vida real.