Un operativo de la justicia rionegrina en el barrio Caruso de Villa Manzano puso al descubierto una presunta red de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. El procedimiento, derivado de un reporte de vigilancia global, terminó con la incautación de diversos dispositivos electrónicos que ahora serán sometidos a peritajes técnicos de alta complejidad.
La génesis de la causa se encuentra en un informe del National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), un organismo internacional que rastrea la circulación y descarga de este tipo de contenidos en la red. Tras recibir la alerta, la fiscalía autorizó el ingreso a la vivienda, donde el Gabinete de Criminalística de Cipolletti y la Comisaría 44 lograron secuestrar computadoras, teléfonos celulares y unidades de almacenamiento de datos.
Actualmente, el material incautado se encuentra en el Laboratorio de Informática Forense de Viedma. Allí, expertos realizarán la apertura y el análisis pormenorizado de los archivos para determinar fehacientemente la existencia del material denunciado. Desde el ámbito judicial aclararon que, si bien el allanamiento fue positivo en cuanto al hallazgo de equipos, la confirmación del delito depende estrictamente del resultado de estas pericias.
Cabe recordar que, tras las reformas introducidas en el Código Penal argentino en 2018, la legislación es sumamente estricta respecto a este tipo de conductas. El marco legal vigente contempla un abanico de sanciones que varían según la gravedad del acto:
·Producción y comercialización: Las penas oscilan entre los 3 y 6 años de prisión para quienes financien, produzcan o difundan este material.
·Distribución y tenencia: La tenencia con fines de distribución puede acarrear hasta 2 años de cárcel, mientras que la tenencia simple contempla penas de hasta 1 año.
·Facilitación: El acceso de menores de 14 años a material pornográfico se castiga con hasta 3 años de prisión, con agravantes en casos donde las víctimas sean menores de 13 años.
Este operativo subraya la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra los delitos informáticos y la protección de la integridad de los menores en el entorno digital.
